La Contraloría General de la República se pronunció sobre el cobro de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), respaldando la estrategia del Gobierno para recuperar estos recursos mediante la vía administrativa.

A través de un dictamen firmado por la contralora Dorothy Pérez, se estableció que la Tesorería General de la República es la entidad obligada a ejercer las acciones de cobranza de estos créditos, una vez que la garantía estatal ha sido activada o cuando las deudas han sido adquiridas por el Fisco.

El pronunciamiento aclara que estas gestiones pueden realizarse tanto por vía administrativa como judicial, conforme a los procedimientos establecidos en el Código Tributario, despejando así las dudas jurídicas que existían respecto al mecanismo de cobro aplicable.

La decisión surge tras una solicitud del exdiputado Miguel Mellado, quien además pidió evaluar eventuales auditorías sobre la gestión de estas deudas. En ese contexto, la Contraloría informó que considerará estos antecedentes en su planificación de fiscalizaciones futuras.

El dictamen refuerza la posición del Ejecutivo, que ha impulsado una ofensiva para exigir el pago a los deudores del CAE, incluyendo notificaciones y eventuales medidas de embargo para quienes no regularicen su situación.

Además, la resolución aumenta la presión sobre la Tesorería para ejecutar de manera activa las acciones de cobro, ya que su desempeño podría ser objeto de revisión por parte del organismo fiscalizador en próximas auditorías.

El fallo marca un hito en el debate sobre el tratamiento de estas deudas, consolidando un marco legal que habilita al Estado a perseguir su recuperación con herramientas administrativas más expeditas. (NP-ChatGPT-La Tercera)