El escenario político en Bolivia sumó un nuevo capítulo de alta tensión con la captura de Édgar Montaño, exministro de Obras Públicas durante la administración de Luis Arce. La detención se llevó a cabo este viernes en Santa Cruz, bajo cargos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, tras una investigación por un presunto perjuicio al Estado que asciende a 2,49 millones de dólares.
Montaño fue trasladado de inmediato a La Paz para enfrentar a la justicia. Al momento de su aprehensión, el exsecretario de Estado defendió su inocencia, vinculando el proceso a irregularidades en la construcción de una carretera. Este arresto se suma a una serie de acciones judiciales que han golpeado directamente a la cúpula del Movimiento al Socialismo (MAS).
La caída de Montaño ocurre mientras el expresidente Luis Arce permanece recluido en prisión preventiva desde diciembre de 2025. Arce enfrenta cargos por corrupción cometidos durante su etapa como ministro de Economía bajo el mandato de Evo Morales. La fiscalía le atribuye responsabilidad en el manejo irregular de fondos indígenas destinados a proyectos que nunca fueron ejecutados.
El exmandatario, quien dejó el cargo tras la asunción de Rodrigo Paz, ha calificado su detención como «irregular», denunciando que fue interceptado por sujetos encapuchados en un vehículo civil. Según su relato, la orden de aprehensión solo le fue entregada minutos después del operativo, lo que ha generado denuncias de persecución política por parte de sus partidarios.
Las investigaciones judiciales actuales marcan un cambio de ciclo en Bolivia, caracterizado por una revisión exhaustiva de las irregularidades cometidas durante más de una década de gobierno del MAS. El avance de estas causas penales sugiere que en las próximas semanas podrían producirse nuevas imputaciones contra exautoridades vinculadas al círculo cercano de Arce y Morales.
El actual gobierno, encabezado por Rodrigo Paz, ha enfatizado la necesidad de esclarecer los daños económicos al patrimonio público, mientras la oposición del MAS acusa una instrumentalización del sistema judicial para desarticular a sus liderazgos históricos.(NP-Gemini-La Tercera)
