Una grave anomalía en la asignación de beneficios estudiantiles ha encendido las alarmas en el Ministerio de Hacienda y en las rectorías de las principales universidades del país. Según informes técnicos del CEP y declaraciones de autoridades académicas, el “falseamiento masivo” de datos socioeconómicos ha provocado la virtual desaparición de estudiantes del séptimo decil en las estadísticas, mientras que el gasto fiscal por este concepto se ha disparado muy por encima de las proyecciones originales.
TÉCNICAS DE ENGAÑO
La política de gratuidad, vigente desde 2016, cubre el 100% de arancel y matrícula para el 60% más vulnerable (hasta el sexto decil). Sin embargo, el salto económico que representa quedar fuera del beneficio —pertenecer al séptimo decil— ha generado que miles de familias opten por manipular el Registro Social de Hogares (RSH) y el FUAS.
Entre las prácticas más comunes detectadas en foros y redes sociales figuran:
- Hogares unipersonales ficticios: Estudiantes que declaran vivir solos y sin ingresos, pese a depender de sus padres. El RSH reporta un 51,2% de hogares unipersonales, una cifra que duplica la realidad detectada por el Censo 2024 (21,8%).
- Traspaso de bienes: Ocultamiento de patrimonio, como vehículos o propiedades, a nombre de terceros.
- Cese de convivencia falso: Registrar la separación de los padres para promediar menores ingresos en el núcleo familiar.
- Mercado de asesorías: Proliferación de perfiles en TikTok que cobran entre $50.000 y $80.000 por “garantizar” el acceso al beneficio mediante el llenado malicioso de formularios.
IMPACTO EN ARCAS FISCALES
Para el exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, este comportamiento estratégico explica por qué el costo de la gratuidad ha superado las estimaciones en US$4.400 millones. Solo en 2025, el gasto corriente alcanzó los $2.224.580 millones, sextuplicándose desde el inicio de la política, mientras que los beneficiarios se han cuadruplicado, llegando a más de 614 mil alumnos en 2026.
| Dato Clave | Cifras 2025-2026 |
| Gasto Corriente | $2.224.580 millones |
| Beneficiarios | 614.905 estudiantes |
| Financiamiento promedio (Ues) | $4.531.117 por alumno |
| Desvío detectado (CEP) | 23,3% de beneficiarios pertenecen a deciles 7-10 |
MEDIDAS DE CONTROL
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha tomado como prioridad la recomendación de la Comisión Asesora para la reforma del gasto público, que propone una modernización profunda en la asignación de beneficios.
Entre las medidas que entrarán en vigor o se encuentran en estudio destacan:
- Bloqueo de fichas: A partir de 2026, se prohíbe modificar la ficha social sin una justificación administrativa sólida para evitar cambios “de último minuto” antes de postular.
- Cruce de datos masivo: Integración tecnológica entre el RSH, el FUAS y el Servicio de Impuestos Internos (SII) para detectar inconsistencias de vida.
- Liderazgo de Evaluación Social: El nuevo subsecretario Gabriel Ugarte (autor del informe que detectó el 23% de fraude) encabezará la revisión del Registro Social de Hogares para sincerar la vulnerabilidad de los postulantes.
Pese a que las universidades han comenzado a retirar el beneficio a quienes son descubiertos, la ausencia de causas judiciales por falsificación de instrumento público mantiene la sensación de impunidad en un sistema que, según los rectores, hoy sufre una “sobrerrepresentación artificial” de la vulnerabilidad. (NP-Gemini-Ex Ante)