El organismo aplicó la máxima sanción administrativa a Patricio Rivera, quien en septiembre pasado marcó 1,78 gramos de alcohol en la sangre tras eludir una fiscalización policial. Aunque el edil pidió disculpas afirmando que «errar es humano», el ente fiscalizador determinó que el uso indebido del automóvil municipal es causal de remoción.
La carrera política de Patricio Rivera (indep. pro RN) al mando de la comuna de Vichuquén llegó a su fin administrativo. La Contraloría General de la República resolvió aplicar la medida de destitución contra el jefe comunal, tras concluir una investigación sumaria derivada de un polémico episodio ocurrido durante las pasadas Fiestas Patrias.
El incidente que selló la suerte de Rivera ocurrió la noche del viernes 19 de septiembre. El alcalde conducía un vehículo de propiedad municipal por la Ruta J-60 a exceso de velocidad. Según los antecedentes del caso, el edil intentó eludir un primer control policial, pero fue interceptado kilómetros más adelante por otro contingente de Carabineros.
Al ser fiscalizado, los uniformados constataron que el conductor era la máxima autoridad comunal y que presentaba un evidente estado de ebriedad. El alcotest arrojó una dosificación de 1,78 gramos de alcohol por mil en la sangre, lo que derivó en su detención inmediata y el inicio de un proceso penal donde quedó con arraigo nacional y suspensión de licencia.
Tras el escándalo, Rivera emitió un comunicado donde reconoció los hechos, señalando que «errar es humano, me tocó y se asume como hombre». El ahora exalcalde pidió disculpas a la comunidad asegurando que «no le hice daño a nadie, pero claramente fallé», confiando en que «aprendería mucho» de la situación.
Sin embargo, para la Contraloría, el foco no estuvo solo en la conducción bajo la influencia del alcohol, sino en la falta grave a la probidad que significa utilizar un vehículo destinado a funciones públicas para actividades privadas de carácter delictivo. La resolución de destitución fue notificada el 22 de diciembre, aunque Rivera aún tiene instancias legales para interponer recursos contra la medida. (NP-Gemini-Emol)
