La mitad de los chilenos evalúa positivamente el Plan Operativo de Seguridad impulsado por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, mientras que un 70% considera que sus resultados se apreciarán en el mediano o largo plazo, según reveló la última edición del Termómetro Político de la encuesta Descifra, desarrollada por la alianza entre Copesa y Artool.

El sondeo también abordó uno de los principales cuestionamientos surgidos tras el nombramiento del secretario de Estado: su experiencia en materias de seguridad. Al respecto, un 51% de los consultados estimó que posee las competencias necesarias para enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, mientras que un 39% opinó lo contrario y un 10% no manifestó una posición.

Respecto del Plan Operativo de Seguridad, estructurado en 65 medidas agrupadas en los ejes de prevención, recuperación del control territorial y fortalecimiento institucional, un 50% de los encuestados realizó una evaluación positiva, un 26% expresó una opinión negativa y un 24% declaró no conocer la iniciativa.

El director ejecutivo de Descifra, Camilo Feres, sostuvo que la llegada de Arrau representa un cambio en la evaluación ciudadana del área de seguridad, permitiendo al Gobierno recuperar la iniciativa política y abrir una nueva etapa para la implementación de sus políticas públicas.

Al consultar por las prioridades del plan, el 51% de los participantes identificó como principal eje el control de calles y barrios, que contempla patrullajes focalizados y sistemas de televigilancia en sectores definidos. En segundo lugar se ubicaron, con un 50% de las preferencias cada uno, la protección de fronteras y rutas críticas y el combate al crimen organizado.

La restitución de la legitimidad policial apareció como la cuarta prioridad ciudadana con un 47%, seguida por el control del sistema carcelario con un 39% y la consolidación institucional con un 23%. El eje menos mencionado fue el destinado a prevenir el reclutamiento delictual de menores, que obtuvo un 16% de las preferencias.

En cuanto a los plazos para observar resultados, un 41% de los consultados estima que los efectos del plan serán visibles en el mediano plazo, mientras que un 29% cree que se apreciarán a largo plazo. Solo un 4% espera resultados inmediatos y un 22% considera que la estrategia no generará cambios.

La encuesta también abordó la decisión del ministro Arrau de solicitar la renuncia de los dos subsecretarios que integraban la administración anterior. Un 79% respaldó la medida, argumentando que la autoridad debe conformar un equipo de confianza, mientras que un 15% opinó que debió mantener la continuidad de la gestión.

Otro de los temas evaluados fue la propuesta anunciada en la Cuenta Pública para crear un Registro Único de Vándalos e Incivilidades, que contempla la pérdida de beneficios sociales para quienes cometan determinados delitos. La iniciativa obtuvo el respaldo del 67% de los encuestados, mientras que un 31% manifestó su rechazo.

Respecto de las conductas que justificarían esa sanción, un 74% apoyó retirar beneficios a quienes sean condenados por ataques contra Carabineros o personal de salud, un 71% en casos de tráfico de drogas y un 58% por destrucción de equipamiento comunitario.

Además, un 55% consideró que la medida debería aplicarse a quienes dañen monumentos nacionales y un 52% a quienes realicen rayados sin autorización. En contraste, el consumo de drogas en la vía pública (44%), la interrupción del transporte público (43%) y la venta ilegal de alcohol (38%) fueron las alternativas que obtuvieron menor respaldo.

La encuesta fue realizada entre el 3 y el 4 de junio mediante entrevistas online autoaplicadas a 971 personas mayores de 18 años de todo el país que declararon conocer al ministro de Seguridad Pública. El estudio presenta un margen de error de ±3,1% y un nivel de confianza del 95%. (NP-ChatGPT-La Tercera-Descifra)