Una investigación encabezada por la Fiscalía Regional de Coquimbo junto a la Policía de Investigaciones permitió desbaratar una organización criminal dedicada al ingreso clandestino de drogas, teléfonos celulares y otros elementos prohibidos al Centro de Detención Preventiva de Illapel.
El procedimiento, denominado “El Dorado”, terminó con 16 personas detenidas luego de una serie de allanamientos realizados en 21 viviendas ubicadas en las comunas de Illapel, Salamanca, Quilicura y Tomé.
OPERATIVO POLICIAL Y PENITENCIARIO
Como parte de las diligencias, equipos especializados realizaron una intervención al interior del recinto penitenciario de Illapel. El operativo fue desarrollado por unidades de Gendarmería, incluyendo el Subdepartamento de Servicios Especializados, grupos antimotines y equipos de investigación criminal, junto a la Brigada Antinarcóticos de la PDI.
Durante los registros se incautaron diversos elementos prohibidos por la autoridad penitenciaria, entre ellos teléfonos celulares, armas blancas y licor artesanal.
Entre los detenidos figuran cinco funcionarios de Gendarmería, quienes fueron separados de la institución tras conocerse los antecedentes de la investigación.
FORMALIZACIÓN DE LOS IMPUTADOS
Los involucrados fueron formalizados ante el Tribunal de Garantía de Illapel por distintos delitos. Según informó el Ministerio Público, hasta esta etapa se establecieron antecedentes por asociación criminal contra cinco personas, entre ellas cuatro funcionarios penitenciarios y un civil.
Además, se imputaron cargos por tráfico de drogas contra siete personas, incluyendo cuatro gendarmes, y delitos de cohecho relacionados con cinco funcionarios de la institución.
Tras la audiencia, el tribunal decretó prisión preventiva para cuatro gendarmes involucrados en el caso. Un quinto funcionario quedó sujeto a arresto domiciliario total y con prohibición de mantener contacto con los demás imputados.
FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la red operaba mediante una estructura coordinada entre personas dentro y fuera del penal. En el exterior se encontraban quienes conseguían las sustancias ilícitas y organizaban las entregas, mientras que funcionarios penitenciarios se encargaban de ingresarlas al recinto.
Una vez dentro de la cárcel, los elementos eran distribuidos por internos vinculados a la organización. Los funcionarios involucrados habrían recibido pagos a cambio de facilitar el ingreso de drogas y teléfonos, con montos que en algunos casos habrían llegado a cientos de miles de pesos.
El tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, periodo en el cual la Fiscalía deberá continuar reuniendo antecedentes sobre el funcionamiento de la red y la eventual participación de otros involucrados. (NP-ChatGPT-Emol)