Continúa la polémica por el desalojo decretado contra la toma Edén de Lajarilla, en Viña del Mar, el cual está fijado para los próximos días por la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
Un proceso que deberá liderar el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme (PC), quien ha sido enfático en la necesidad de cumplir el dictamen judicial, en oposición a la postura de la colectividad local de su partido, que se opone rotundamente al desalojo.
La postura de la autoridad regional se contradice con lo planteado por el comunal de Viña del Mar del PC, que rechaza categóricamente el desalojo y propone la expropiación como alternativa, de acuerdo a lo consignado por El Mercurio de Valparaíso.
«Nosotros seguimos programándonos para acatar los fundamentos o las decisiones que toma la Corte», aseguró el delegado.
Mientras que desde la división comunal del PC manifestaron que «el desalojo es una práctica punitiva contra las familias y personas en toma, criminalizándolas por ocupar sitios eriazos». Sumado a lo anterior, afirman que «el déficit habitacional no se soluciona con el desalojo». Es más, agregan que «históricamente, las empresas inmobiliarias han negociado exitosamente con el Estado y/o con las familias que han ocupado sus terrenos improductivos», y recordaron que las «poblaciones emblemáticas de Viña del Mar, Valparaíso y de todo el país han surgido de esos procesos».
En base a lo anterior, desde la colectividad se preguntan «¿Qué ha cambiado estos últimos años para que empresarios como el Señor Massú, se nieguen sistemáticamente a negociar la venta de sus terrenos a los pobladores de Edén Lajarilla, especialmente si es absolutamente previsible que luego del desalojo las familias terminen por reagruparse y generar otra toma, en otro lugar, reproduciendo de manera perversa la vulnerabilidad estructural de las familias sin casa?».
Por lo mismo, proponen que la solución para las familias es hacer uso de la herramienta constitucional del Estado de la expropiación «con fines de utilidad pública», pero que para ello «es necesaria la voluntad política de la derecha parlamentaria».
CRÍTICAS TRANSVERSALES
Crítico de la posición del PC, el diputado Tomás Lagomarsino (PR) fue enfático al señalar que «el Ministerio del Interior debe cumplir sin discusión alguna los fallos, mientras que el Ministerio de Vivienda (Minvu) busca soluciones habitacionales para las familias».
Sobre los reproches a la postura del delegado presidencial por parte de su propio partido, el parlamentario remarcó que «esto evidencia que no todo el PC se siente cómodo siendo gobierno. Todo partido, al momento de ser gobierno, tiene una mayor responsabilidad».
La diputada Camila Flores (RN) sostuvo frente a la discordancia entre el delegado y su partido que «tiene que entender que es una autoridad que tiene que dejar en este caso, espero, la militancia política de lado y, simplemente, atenerse al cumplimiento de los fallos judiciales y de la normativa vigente en nuestro país».
Por su parte, el legislador Hotuiti Teao (ind.- Evópoli) consideró que «las declaraciones del PC son francamente descaradas al nombrar a la derecha parlamentaria como parte del problema de las tomas, (…) más aún cuando rinden pleitesía a este gobierno y a la Municipalidad de Viña del Mar, quienes han tenido años para abordar esta crisis de manera integral».
Para el parlamentario Luis Fernando Sánchez (PRCH), la actitud del PC «no es ninguna sorpresa», ya que «usan las leyes cuando les conviene, pero si no les conviene prefiere el uso de la fuerza y eso demuestra que el PC no está a la altura de los estándares democráticos».
Esta postura es compartida por los diputados de RN Camila Flores y Andrés Celis. Este último sentenció que le parece «inmoral y absolutamente inaceptable, poco ético, que el Partido Comunista tenga este doble discurso, que por un lado dicen respetar la institucionalidad y forman parte de este gobierno, pero por otro lado actúan como si fueran oposición, ya que en la calle presionan«. (Emol)
