De a poco se va configurando el nuevo intento por ofrecer una Constitución para el país. Esta vez el sistema político ha intentado poner suficientes márgenes para evitar un segundo desborde del proceso. En un acto preventivo, los partidos con representación parlamentaria han llegado a un acuerdo, pero con una desconfianza enorme respecto de todo lo que supuso el proceso anterior. Parece que se aprendió del rotundo fracaso de la Convención.
Se han elegido nombres distinguidos para integrar la Comisión de Expertos que poseen conocimiento y experiencia. La señal parece ser transmitir confianza respecto del trabajo que se va a realizar y el horizonte que se persigue, cual es la aprobación de una nueva Constitución.
Nuestra conflictividad parece entonces estar en un momento de remanso. La calle está en retirada y la política intenta volver a su rol representativo. Una nueva Constitución sería una salida a nuestras fricciones y podríamos salir bien parados de un ciclo que ha sido tan raro como distorsionado. Es posible apreciar que avanzamos en medio de un ambiente de mayor confianza y esperanza de que este nuevo proceso termine bien. No sólo porque el clima social y el rol que han cumplido los partidos es diferente al de noviembre de 2019, sino porque además se aprecia en la opinión pública un ánimo de querer cerrar ya este ciclo. Todo esto hace pensar que estamos bien encaminados y que, diferencias más diferencias menos, esta segunda oportunidad que se ha dado la clase política llegará a un buen puerto.
Este cierto optimismo sobre la segunda oportunidad de redactar una nueva Constitución es absolutamente inseparable del resultado de septiembre. Ese abrumador 62% de rechazo que se tradujo en 8 millones de personas (del universo total habilitado para votar) que estuvieron dispuestas a movilizarse para sancionar categóricamente el proceso pasado y sus ánimos refundacionales. El país le habló a las autoridades representativas y estas asumieron que el espíritu octubrista debía ser superado.
Sin duda hay más elementos para confiar en este nuevo proceso. Sin embargo, todavía
hay riesgos latentes, nada está decidido aún. Si hay algo que debemos aprender del proceso anterior es que aquella tendencia que parecía imposible de contener fue revertida súbitamente y con la misma fuerza que movió causas anteriores. Aún queda una elección de consejeros y que estos convivan con el rol que cumplirán los expertos y el contenido del anteproyecto que redactarán. Pero además ya han surgido voces que buscan restarle legitimidad al proceso -precisamente porque se ha vuelto a la institucionalidad para buscar resolver nuestra conflictividad. Esto se ha expresado desde el mismo 4 de septiembre y desde voces tan importantes como la del propio presidente de la República y de intelectuales connotados e influyentes, incluso de algún Premio Nacional.
Debemos avanzar sin dejar de mirar atrás. La revuelta, el octubrismo, las identidades ideológicas refundacionales seguirán con su agenda. Por eso es importante abrirse a la mayor cantidad de consensos. No solo para que esta constitución se apruebe y goce de legitimidad, sino además porque esto mismo le proporcionará una fortaleza que la proteja del incansable conato de un sector que no descansará hasta que se apruebe un texto que refleje su propio anhelo político. Eso ocurrió con la Convención anterior y eso han expresado después del plebiscito. Un nuevo texto consensuado es el camino del corto plazo. El camino de largo plazo es lograr consolidar un sentido común contra el asambleísmo que busca refundar Chile, a costa de dividir social y políticamente a nuestro país. (El Líbero)
Jorge Jaraquemada
