La declaración que el gobierno chileno junto a otros cuatro Estados ha enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha generado un importante debate acerca del rol que cumplen los organismos internacionales. El grupo de países sudamericanos subraya el principio de subsidiariedad, busca que se respete “el legítimo espacio de autonomía” de los Estados y que se reconozca su margen de apreciación para cumplir con sus obligaciones internacionales, destaca la importancia de una “estricta aplicación” de las fuentes del Derecho Internacional y pide que se consideren las “realidades políticas, económicas y sociales de los Estados” al momento de ordenar reparaciones. Se trata de una declaración sin precedentes para Chile —el que lideró su elaboración—, que ha provocado comprensible alarma entre defensores de derechos humanos y que merece ser analizada desde diversos puntos de vista.
Primero, desde la perspectiva del gobierno chileno, la avanzada se suma a otros episodios en los que parece evidenciarse un compromiso relativo con el respeto a los derechos humanos. Se ha sido muy activo cuando se trata de denunciar violaciones cometidas en Venezuela, pero silente respecto de otros países como China, y en adhesión ahora a posturas nacionalistas y abiertamente reaccionarias, como las que impulsa el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil.
El ministro de Justicia chileno señaló que ha habido “información deficiente” y que la preocupación del Gobierno radica en la manera como se utiliza el sistema interamericano de derechos humanos. Como ejemplo, afirma que las personas que recurren al sistema pueden dejar de apelar resoluciones judiciales internas con el objetivo de llegar a la Comisión y obtener así un pronunciamiento favorable. Ello es falso: el sistema interamericano, al igual que todos los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, es supletorio, y solo actúa cuando los Estados no quieren o no pueden hacerlo. Por eso, una regla básica que el ministro inexcusablemente parece desconocer es aquella que obliga a cualquier persona que quiera obtener una decisión internacional a agotar todos los recursos judiciales internos. De no hacerlo, el sistema simplemente rechaza la petición.
No es la primera vez que el Gobierno recurre a argumentos falsos para retraerse del Derecho Internacional: ocurrió en diciembre pasado, cuando intempestivamente decidió restarse del Pacto Global sobre Migración, no obstante haber sido un activo promotor del mismo Pacto tan solo unos meses antes.
En segundo lugar, hay un aspecto de la declaración que interpela especialmente a la comunidad de derechos humanos, la que apenas conocida la nota diplomática llamó la atención de los gobiernos concernidos. Pero la manera como se ha rechazado la intervención denota un problema que la literatura especializada crecientemente pone de manifiesto, y que no es claro las organizaciones adviertan: ellas parecen haber abrazado un credo que no admite cuestionamientos y, por lo mismo, se han olvidado de persuadir acerca de la importancia de los derechos y la manera como son protegidos; una comprensión de los derechos humanos que equivale, como acertadamente observó Michael Ignatieff, a un “artículo de fe secular”.
Por ejemplo, en su carta al Presidente Piñera, Human Rights Watch reprochó su actuación por estar basada en el “arcaico principio de soberanía nacional”. Pero ocurre que es precisamente ese principio el que sostiene toda la arquitectura del Derecho Internacional de los derechos humanos, de modo que contentarse con la reafirmación de la universalidad de estos sin tomar en serio la crítica al funcionamiento de los sistemas regionales de protección no mejora en nada su situación. Asimismo, cuando se manifiesta preocupación por la manera como la Corte Interamericana ha expandido sus competencias, la comunidad de derechos humanos haría bien en enfrentar la crítica y ver qué hay de cierto en ello. Mal que mal, son algunos de los propios jueces de la Corte quienes vienen advirtiendo sobre este fenómeno hace ya varias sentencias.
El supuesto consenso universal de comienzos de los años noventa, cuando se pensaba que la historia había llegado a su fin, y que la tríada derechos-democracia-capitalismo sería la marca de los nuevos tiempos, hoy está en cuestión. La declaración que hemos conocido es parte de esta tendencia y debe ser puesta en su lugar, esto es, mostrar las falacias que la acompañan, pero también la necesidad de reflexión de quienes debemos hacer de los sistemas de protección de derechos organismos fuertes. Solo así será posible resistir las críticas de quienes buscan montar ataques en contra de los derechos humanos, pues este episodio, por indecoroso que sea, de ninguna manera es el último. (El Mercurio)
Jorge Contesse
