Que las aguas “serán custodiadas y administradas directamente por el Estado”. Esta alternativa fue desestimada en Bachelet II por demandar US$ 2.480 millones por año, labor que hoy realizan los titulares de derechos sin costo para el Estado.
Que, “al aprobarse la nueva Constitución, se extinguirá la propiedad sobre los derechos de agua vigentes y que una ley regulará la transformación de estos en concesiones temporales, onerosas, revocables y revisables cada cinco años”. Proponen la extinción de derechos adquiridos por los ciudadanos, asegurados en Tratados Internacionales sobre DD.HH. —ONU 1948 y Carta de San José 1969— incorporados a nuestra legislación, cuya vigencia quedó comprometida en el Acuerdo del 15 de noviembre. Esta expropiación comprometería indemnizaciones al contado por más de US$ 20 mil millones.
Que “promulgada la nueva Constitución, se derogarán las normas del Código de Aguas y de otros que sean contrarios al nuevo régimen de aguas”. Nos dejan sin normativa legal para asegurar el abastecimiento y sin respaldo a la gestión de distribución en tiempos críticos.
Que se darán “tres meses para iniciar procesos de redistribución de aguas”, obviando que la distribución se realiza en base a marcos partidores rígidos y canales de propiedad de los titulares. Ello demandaría la expropiación y pago al contado de los más de 150 mil kilómetros de canales y miles de obras de arte, con un costo estimado en US$ 70 mil millones.
Que cabe “priorizar el acceso a los ciclos naturales y preservación de ecosistemas; consumo humano y saneamiento…”, todo lo cual está en el nuevo Código de Aguas.
Esperamos que, en el reexamen de la comisión y en el debate en el pleno, se tengan en cuenta las aprensiones de los 250 mil titulares de derechos del mundo rural y de otros servicios básicos. (El Mercurio Cartas)
Liliana Camelio C.
Presidenta de Junta de Vigilancia Río Cautín
Diego Castro P.
Presidente de Junta de Vigilancia Río Mataquito
Juan Vallejos C.
Presidente de Junta de Vigilancia de Río Biobío
