La discriminación es algo permanente, parte del hecho que las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. En todo acto debemos elegir. No podemos hacer todo. Del mismo modo, en nuestras relaciones humanas, discriminamos constantemente. No podemos dar nuestra confianza al género humano completo, sino que elegimos a quienes luego llamamos amigos. A estos los elegimos y son nuestro mayor tesoro en la vida. Como seres racionales tenemos prejuicios, juzgamos por adelantado a alguien, antes de ver sus acciones. Esta creencia u opinión, muchas veces, puede coincidir con las acciones posteriores, y otras veces queda evidencia de nuestro error. No hay prejuicio cuando conocemos las acciones de alguien, ahí hay juicio de valor.
Es importante aclarar estos conceptos para poder entender y juzgar el anuncio de Lo Valledor y la Vega sobre pedir identificación a quienes ingresen a sus establecimientos. Están en su derecho de exigir lo que quieran, ya que se trata de un establecimiento privado. Pero, frente a esta acción propia de ser dueño de algo y tener el derecho a poner las reglas que se quiera, el gobierno acusó de “discriminación arbitraria”. La acción busca saber quién ingresa al lugar, y para eso, debe presentar documentación chilena o extranjera. En caso de no tener documentación alguna, simplemente no puede entrar. Lo curioso es que el gobierno que rasga vestiduras frente a esta acción, exige cédula de identidad o documentación para entrar en La Moneda, el Congreso o cualquier repartición pública. No sólo hay que presentar la cédula, sino que hay que pasar por rayos, por razones de seguridad. El anuncio de Lo Valledor y la Vega también obedecen a razones de seguridad, pero eso, no les importa. Entonces el Estado puede exigir seguridad para entrar en los lugares supuestamente públicos y los privados no pueden hacerlo en lugares propios. Esto atenta contra la lógica y contra el derecho de propiedad.
Lo cierto, es que si cualquier persona “de a pie” va a La Moneda, Congreso, Tribunales y Ministerios debe mostrar documentación y pasar los protocolos de seguridad. Todos, menos “los sobrinos” del ministro Jackson, lo que hace que este viejo hecho sea aún más sospechoso hoy. Pero los privados si lo hacen son “discriminadores arbitrarios”. Si los privados buscan hacerlo, es porque la seguridad en Chile es un real desastre y ya no podemos ejercer nuestras labores en paz. El Estado ha fallado en su primer rol, garantizar la seguridad. Es esa la primera razón del por qué creamos el Estado. Le entregamos el monopolio de la fuerza y estamos dispuestos a pagar impuestos, precisamente para terminar con la ley de la selva. Pero si pagamos impuestos y el Estado decide no usar la natural desproporción de la fuerza necesaria para garantizar el orden, entonces el Estado es fallido y “el contrato” existente ya no tiene sentido. Los impuestos entonces, no son más que un robo y un abuso, perdiendo toda legitimidad.
Lo cierto, es que se buscó ampliar la base migrante para conseguir “bolsones de votos” y “bolsones de pobres”. De eso vive el socialismo. Eran necesario precarizar la economía, ya que cuando la economía falla, falla la política también. Desde ahí hicieron un relato que permitió el intento de revolución de 2019. Fue el “buenismo” combinado con “el victimismo” lo que permitió, y dio impunidad en Chile a la inmigración indiscriminada. Esto convirtió a las fronteras en barreras inexistentes, que permitieron la entrada de una mixtura de personas. Algunos honestos buscando seguridad para iniciar una nueva vida trabajo, aportando al país, siempre bienvenidos. Otros deshonestos, activistas políticos y criminales que vinieron a aprovecharse de las personas de bien de nuestro país, importando crímenes y viciosas costumbres no vistas antes en Chile. Lo cierto, es que sabemos de algunos de los que entraron y de otros tantos, no sabemos nada. Ni siquiera podemos decir cuánta gente ha entrado en nuestro país. Los indocumentados son muchos y la nueva criminalidad, hace que de estos indocumentados, haya prejuicios y también juicios. Es por esto, que es necesario tomar medidas y lo anunciado por Lo Valledor y la Vega debe ser emulado por todos.
El Estado en vez de acusar “discriminación arbitraria” y “citar” a La Moneda, acción que no tiene derecho a hacer, debiera entender que el que ha fallado es él. Sin Estado en materia de seguridad, volvemos a la ley de la selva y la autotutela, lo que es un peligro para cualquier sociedad. Esto es responsabilidad de los que hoy son gobierno. Antes de llegar al poder impulsaron la entrada indiscriminadas de personas para lograr su fin, el poder. Hoy en el poder, faltos de experiencia en todos los sentidos, no asumen responsabilidades… la situación se les fue de las manos. (El Líbero)
Magdalena Merbilháa
