Así ha quedado en evidencia en estos días cuando se rumoreó que el próximo gobierno estaría pensando en derogar la ley de aborto. Recordemos que el Presidente electo y la mayor parte de sus seguidores, durante la discusión del proyecto, adujeron que era injusto privar de la vida a un ser humano inocente, además de gravoso para las mujeres con embarazos vulnerables. El proyecto fue, no obstante, aprobado; y aquí se produce un cambio cuasi mágico: quienes hasta ayer denunciaban el texto como inicuo y perjudicial, ahora desmienten que se piense en derogarlo y señalan que el asunto habría quedado zanjado «democráticamente»: no cabría otra actitud que respetar la ley aprobada y aplicarla tal como está.
¡Qué diferencia con los políticos y activistas de la otra vereda! Nada los arredra cuando juzgan, según sus convicciones, que algo es injusto. Han sido capaces de dejar sin efecto figuras legales como la amnistía y la prescripción, o creado ficciones como la del «secuestro permanente», para no dejar en la impunidad los crímenes de lesa humanidad. En otras materias, sirva de prueba la persistente campaña contra la Ley de Pesca dictada bajo el primer mandato de Sebastián Piñera; dicen que sería una ley nula, espuria, que privilegió a unas cuantas familias, que pasó a llevar a los pescadores artesanales, etcétera. ¿Resultado?: el mismo Piñera se vio forzado a prometer que la ley será revisada.
No puede sino admirarse esta tenacidad en defender lo que se estima justo, más allá de que no siempre se coincida con el juicio moral de fondo. Las personas de derecha, en cambio, que hablan mucho de ley natural y valores esenciales, sucumben ante un «iuspositivismo» práctico cuando una iniciativa legal que tachaban de inicua logra convertirse en ley. Entonces, parecen pensar que ya nada más puede hacerse, que hay que dar vuelta la página y pasar a otro tema.
Sin embargo, bien sabemos que las leyes no por haber sido formalmente aprobadas se convierten en buenas y justas. La democracia funciona tanto al aprobar una ley como al derogarla, modificarla o sustituirla por otra mejor. Por cierto, esto dependerá de que se logren los consensos y las mayorías en el Congreso; pero, en tanto, debiera mantenerse, como mínimo, el juicio crítico a la ley errónea, junto con desplegar esfuerzos para paliar, dentro de la legalidad, sus nocivos efectos.
Habrá que impedir que tal injusticia legalizada se normalice en la conciencia ciudadana; de lo contrario, esa insensibilización provocará la aceptación de nuevas y más graves arbitrariedades.
No debe asombrar, entonces, que, con motivo del brutal crimen de una niña de dos años, se abogue por reponer la pena de muerte (ley Sophia), y que, al mismo tiempo, algunos parlamentarios pidan que se apruebe la eutanasia legal. En estos casos, el razonamiento es el mismo que el del aborto: el criminal o el enfermo terminal, al igual que el niño por nacer, no serían propiamente personas; el primero porque su crimen lo transformaría en un monstruo incapaz de reinsertarse socialmente; el segundo, porque su mal irreversible lo convertiría en un viviente inútil y descartable. Y ello, sin olvidar que, más temprano que tarde, del aborto en tres causales de la ley actual se pretenderá pasar al aborto libre y por plazos.
No hay otra forma eficaz de lucha contra estas propuestas, que se enmarcan en la llamada «cultura de la muerte» y la «sociedad del descarte», que manteniendo, con hechos y palabras, al menos la aspiración de que aquellas leyes que ya han sido aprobadas en esa dirección sean reconocidas como injustas y reemplazadas por otras que solucionen los problemas sin menoscabar bienes jurídicos tan fundamentales como la dignidad inviolable de toda vida humana.
