La oposición enfrenta una semana decisiva respecto de la eventual acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, a pocos días de que expire el plazo legal para presentar acciones de este tipo contra exintegrantes del gobierno de Gabriel Boric.
En el Partido Republicano aseguran que el libelo será ingresado antes del vencimiento del plazo y que existe pleno respaldo de su bancada para avanzar en la iniciativa. Durante las últimas jornadas, parlamentarios de la colectividad han trabajado en la redacción definitiva del texto y coordinado esfuerzos con otros sectores de la oposición.
Pese a ello, dentro de la propia derecha existen reparos respecto de la conveniencia política y jurídica de la ofensiva. Algunos dirigentes reconocen que la acusación podría carecer de fundamentos suficientes y advierten que su presentación podría interferir con la discusión de proyectos prioritarios para el actual Gobierno en el Congreso.
El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, confirmó que la acusación será presentada y manifestó su expectativa de que el texto cuente con el respaldo de las distintas fuerzas opositoras. Según explicó, la acción se sustenta en eventuales incumplimientos de deberes vinculados a la administración financiera del Estado durante la gestión de Grau al frente de Hacienda.
Desde el Partido Nacional Libertario también ratificaron su intención de avanzar con el libelo. La colectividad sostiene que las recientes discusiones sobre la situación fiscal y el aumento del endeudamiento solicitado por el actual Gobierno refuerzan la necesidad de establecer responsabilidades políticas respecto de las decisiones adoptadas durante la administración anterior.
Los libertarios aseguran además contar con apoyos adicionales para concretar la presentación y esperan sumar respaldos desde otros sectores de la oposición durante la tramitación parlamentaria.
En la UDI existe disposición a estudiar favorablemente la acusación, aunque algunos parlamentarios han manifestado molestia por la forma en que se anunció públicamente la iniciativa sin una coordinación previa entre las distintas fuerzas opositoras. La colectividad ha señalado que evaluará el contenido definitivo del texto antes de adoptar una posición formal.
Una postura más cautelosa mantienen parlamentarios de Renovación Nacional y Evópoli. Desde ambos partidos han planteado dudas respecto de la existencia de fundamentos jurídicos suficientes y han advertido que el contexto político actual, marcado por la discusión de reformas relevantes en seguridad y otras materias, podría no ser el más adecuado para impulsar una acusación constitucional.
Asimismo, algunos legisladores consideran que, aun cuando la acusación logre avanzar en la Cámara de Diputados, enfrentaría serias dificultades para prosperar en el Senado, instancia que tiene la última palabra en este tipo de procedimientos.
Mientras continúan las negociaciones y revisiones del texto, la oposición busca definir una postura común frente a una iniciativa que podría transformarse en uno de los principales focos de confrontación política de los próximos días. (NP-ChatGPT-La Tercera)