Un grupo de 15 ciudadanos sudamericanos —provenientes principalmente de Perú, Ecuador y Colombia— fue trasladado desde Estados Unidos hasta la República Democrática del Congo como parte de un mecanismo de deportación hacia terceros países. El vuelo, operado por una aerolínea estadounidense, aterrizó en Kinshasa el 17 de abril, en un procedimiento que ha generado cuestionamientos por su legalidad y condiciones humanitarias .
Según los antecedentes, las personas afectadas cuentan con medidas de protección dictadas por tribunales estadounidenses, lo que impide su retorno a sus países de origen. En este contexto, Washington ha recurrido a acuerdos con terceros Estados para albergar temporalmente a migrantes en esta situación, incluyendo países africanos y El Salvador.
Expertos en derechos humanos advierten que este tipo de prácticas podría vulnerar normas internacionales, especialmente el principio de no devolución, que prohíbe enviar a personas a territorios donde su vida o integridad estén en riesgo. Asimismo, se cuestiona la falta de transparencia en estos acuerdos y las condiciones en que se ejecutan los traslados.
Los deportados permanecen actualmente en un hotel cercano al aeropuerto de Kinshasa, bajo supervisión policial. De acuerdo con reportes, organizaciones internacionales estarían brindando asistencia humanitaria y ofreciendo opciones de retorno voluntario, lo que ha sido interpretado por algunas defensas legales como una forma de presión.
Abogados y especialistas también han planteado dudas sobre la idoneidad de la República Democrática del Congo como destino seguro, considerando su contexto interno de conflicto. En ese sentido, sostienen que Estados Unidos tendría la obligación de garantizar condiciones adecuadas para las personas trasladadas.
El caso ha reabierto el debate sobre las políticas migratorias de Estados Unidos y su impacto en los derechos fundamentales de los migrantes, así como el rol de los países de origen frente a este tipo de comisiones.(NP-ChatGPT-DW)