Era la primera vez que se aplicaba la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), y debutó con una fuerte polémica por las acusaciones de sesgo ideológico de varias preguntas.
En el examen de Historia y Ciencias Sociales se preguntó por la modificación constitucional que permitió los 17 escaños reservados en la Convención Constitucional disuelta en julio. Ante ello preguntaba: «¿Cuál es la importancia para el sistema democrático chileno en dicho momento?».
Parlamentarios de oposición cuestionaron que «le otorga un valor a un hecho que, para muchos, no significó un beneficio para el país, sino que todo lo contrario«.
Otra de las preguntas que molestó fue la número 53, que hace referencia al Golpe de Estado de 1973 y el «cambio de paradigma político-económico que desembocó en un nuevo modelo socioeconómico», cuestionando esa transformación.
En esa misma línea, la pregunta 55 aseguraba que desde 1980 se implementaron «diversas políticas públicas de orientación neoliberal, consolidando la economía de mercado». Con esa introducción agrega: «¿Qué problema económico estructural se ha mantenido hasta la actualidad?».
Por estas polémicas preguntas, los parlamentarios citarán a la directora del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), Leonor Varas, y al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, a la comisión de Educación de la Cámara Baja.
PAES: “INSTRUMENTO DE ADOCTRINAMIENTO DE JOVENES”
“Es evidente que existe un grave sesgo ideológico (…) por lo que las autoridades competentes tienen la obligación de darnos una explicación al respecto», reclamaron los diputados de la UDI Sergio Bobadilla, Eduardo Cornejo y Fernando Bórquez.
“La PAES de Historia y Ciencias Sociales se está transformando en una herramienta política y un instrumento de adoctrinamiento para los jóvenes, en la que se busca dar como verdad una serie de hechos que no son tales», denunciaron.
RESPONSABILIDAD POLÍTICA DEL MINEDUC EN LA PAES
Esta nueva prueba universitaria, a diferencia de la anterior PSU que era mandatada por el Consejo de Rectores, es fruto de un convenio entre el Ministerio de Educación y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE) de la Universidad de Chile.
Por tanto, ello conlleva que el Mineduc es el mandante de la prueba y de todo lo que ocurra con ella, según explican ex autoridades de Educación a El Líbero.
De hecho, en dicho convenio se establecen los pagos que le hace el Mineduc cada año a la Universidad de Chile por realizar dichas pruebas.
Además, se establecen las definiciones metodológicas de las pruebas por cada materia: matemáticas, historia y ciencias sociales, ciencias y competencia lectora.
Cuando se lanzó la prueba, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, dijo que era el “resultado de un trabajo colaborativo y comprometido con el bien público, de los rectores integrantes del Comité Técnico de Acceso, del Subsecretario de Educación Superior y su equipo, y del DEMRE”.
LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
“Hay responsabilidad política con lo que pase con la PAES, que tiene al Mineduc como mandante. A diferencia de la PSU en que era el Consejo de Rectores”, afirma una ex autoridad del Mineduc.
La responsabilidad específica la atribuyen a la Subsecretaría de Educación Superior, que es dirigida por Verónica Figueroa Huencho. Ello, porque es la encargada de administrar el convenio con la universidad, los pagos y todos los aspectos técnicos.
A su vez, Figueroa tiene un fuerte vínculo con la U. de Chile, donde estudió administración pública, y fue senadora universitaria entre 2018 y 2022, período en que el rector fue Vivaldi.
Otra ex autoridad del Mineduc explica que la responsabilidad de la subsecretaría no significa que deba revisar ex ante las pruebas, que son “guardadas bajo siete llaves, y que deben tener la máxima garantía de seguridad”.
Sin embargo, debe tener control de lo que hace la universidad, de sus procesos y métodos de trabajo para detectar a tiempo cualquier irregularidad.
“Si hay preguntas mal planteadas, el Mineduc debe reclamarle al DEMRE, para que tome todos los resguardos y no exponga a la PAES a usos políticos o ideológicos, como ocurrió en este caso” , explica la fuente. (El Líbero)
