El ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó que el Gobierno estudia eventuales modificaciones legales para evitar el uso indebido del Acuerdo de Unión Civil (AUC) como mecanismo para acceder a beneficios migratorios, luego de que un reportaje periodístico revelara la existencia de presuntas asesorías destinadas a simular relaciones de pareja entre ciudadanos chilenos y extranjeros.
En declaraciones a T13 Radio, el secretario de Estado señaló que el tema ya fue abordado con el ministro de Justicia y sostuvo que existen indicios de un uso impropio del instrumento jurídico. Según explicó, la legislación vigente no contempla restricciones que impidan este tipo de situaciones, por lo que estimó necesario revisar la normativa para impedir que el sistema sea utilizado con fines distintos a los previstos por la ley.
Arrau indicó que, si bien actualmente estas conductas no constituyen un delito, podrían representar una vulneración al espíritu de la legislación sobre el Acuerdo de Unión Civil. En ese contexto, sostuvo que una eventual reforma legal permitiría cerrar los vacíos normativos detectados y fortalecer los mecanismos de control frente a posibles fraudes migratorios.
La controversia surgió tras una investigación de Teletrece que dio cuenta de supuestas agencias dedicadas a orientar a ciudadanos extranjeros para celebrar Acuerdos de Unión Civil simulados. Entre los antecedentes difundidos se incluyó un registro de audio en el que una asesora instruía a los involucrados sobre información personal que debían memorizar para aparentar una relación afectiva durante las entrevistas realizadas por las autoridades competentes.
Las cifras oficiales muestran un aumento sostenido en las solicitudes de Acuerdo de Unión Civil presentadas por personas extranjeras en situación migratoria irregular. Mientras en 2024 se registraron 1.946 solicitudes, durante 2025 la cifra superó las 4.200, y en lo que va de 2026 ya se contabilizan más de 2.200 requerimientos, situación que ha intensificado el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de fiscalización.
En paralelo, el diputado Tomás Kast, de Evópoli, presentó un proyecto de ley destinado a tipificar como delito la celebración de matrimonios y Acuerdos de Unión Civil simulados con fines migratorios. La iniciativa propone sanciones penales para quienes participen en este tipo de actos, incluyendo penas de hasta cinco años de presidio y multas económicas para los involucrados.
El proyecto también contempla castigos más severos para las organizaciones o agencias que faciliten estos procedimientos, estableciendo penas que podrían llegar a los diez años de prisión, además del cierre definitivo de las entidades responsables. Asimismo, plantea la revocación automática de cualquier beneficio migratorio obtenido mediante vínculos afectivos fraudulentos, con el objetivo de fortalecer el control migratorio y sancionar las redes que promuevan este tipo de prácticas. (NP-ChatGPT-Emol C13)