El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, expuso ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados en el marco de la discusión del proyecto de ley Escuelas Protegidas, instancia en la que abordó recientes hechos de violencia en el Liceo José Victorino Lastarria.
Durante su intervención, la autoridad recordó el ataque incendiario registrado a fines de marzo en el establecimiento, que incluyó barricadas y daños a la infraestructura. A raíz de estos hechos, dos estudiantes fueron detenidos por portar elementos incendiarios.
El jefe comunal reveló que uno de los alumnos habría confesado haber recibido un pago por participar en los actos vandálicos, lo que, a su juicio, evidenciaría la posible participación de adultos en la organización de estos episodios. Según planteó, existirían personas que estarían utilizando a menores de edad para afectar el funcionamiento de liceos emblemáticos.
Estas declaraciones reactivaron el debate sobre la existencia de financiamiento detrás de los denominados “overoles blancos”, fenómeno que ha sido observado en diversos establecimientos educacionales del país. Desde la sociedad civil, María Paz Larraín indicó que, de confirmarse estos antecedentes, se validarían sospechas sobre la intervención de adultos en la promoción de la violencia escolar.
Expertos advierten que el fenómeno responde a múltiples factores. El académico Juan Castañeda señaló que confluyen elementos estructurales como la desigualdad, junto con componentes criminológicos y políticos. En tanto, el especialista Jaime Retamal advirtió que este tipo de violencia está afectando gravemente la convivencia en las comunidades educativas.
MEDIDAS Y PROPUESTAS
En el debate legislativo, se han planteado diversas medidas para enfrentar la problemática. Entre ellas, destaca el avance del proyecto Escuelas Protegidas, que permitiría reforzar los reglamentos internos, incluyendo la revisión de mochilas para evitar el ingreso de elementos peligrosos.
Asimismo, se ha propuesto modificar el Sistema de Admisión Escolar, con el objetivo de considerar antecedentes conductuales de los estudiantes y evitar el traslado de episodios de violencia entre distintos establecimientos.
Finalmente, especialistas coinciden en que se requiere un enfoque integral que combine prevención temprana, fortalecimiento de la convivencia escolar, intervención con familias y aplicación efectiva de la normativa vigente, con el fin de resguardar el derecho a la educación en un entorno seguro. (NP-ChatGPT-Emol)