Si bien la audiencia número 13 del caso Convenios resolvió ampliar el plazo de investigación en 45 días, las razones entregadas por el fiscal Cristián Aguilar dejaron entrever una serie de diligencias pendientes que podrían determinar la ampliación de cargos e imputados en el caso. Así lo informa El Mercurio de Antofagasta.
De acuerdo a lo expuesto por el persecutor, muchas de las diligencias solicitadas se originaron en diciembre a raíz de la información recabada en el análisis pericial de los teléfonos de los imputados Carlos Contreras y Daniel Andrade.
De hecho, este último será citado el próximo 26 de febrero donde por primera vez desde su imputación de fraude del fisco, declarará formalmente ante el Ministerio Público. Al igual que Andrade, la Fiscalía citó para el 11 de febrero a la ex concejala Paz Fuica para tomar declaraciones, esta vez, por los otros convenios relacionados con la Fundación Fibra, TomArte y Fusupo.
Cabe señalar, que la ex edil a la fecha se encuentra imputada por su rol en la arista Democracia Viva.
TELETRABAJO DESDE ESPAÑA
Con seis personas imputadas por diversos cargos y con medidas cautelares de arresto domiciliario total decretadas sobre cinco de ellos, la lista de personas involucradas se podría extender. Y es que una de las diligencias solicitadas por Aguilar -de acuerdo al citado medio- apunta a dos miembros claves del equipo gestor de los convenios por parte de Democracia Viva; Paulina Cabrera y Marcelo Briones, coordinadora territorial y coordinador financiero, respectivamente.
De acuerdo al informe elaborado por la Policía de Investigaciones, el 31 de octubre del 2024, Paulina Cabrera, directora de Democracia Viva y militante de Revolución Democrática, es una de las tres personas que «percibieron mayor cantidad de pagos de honorarios» por la fundación. En concreto, la dirigente habría recibido más de $18 millones en remuneraciones tras la suscripción de los convenios.
Por ello, la Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario con el fin de efectuar una trazabilidad financiera para aclarar el uso de los dineros fiscales. En su exposición de ayer, Aguilar solicitó un informe a Policía Internacional, por cuanto existirían antecedentes, que tanto Cabrera como Briones habrían «ejercido sus cargos» desde Barcelona, España.
«Paulina Cabrera Pereira y Marcelo Briones Rojas fueron personas contratadas a honorarios por Democracia Viva para la ejecución de los tres convenios con los que fue beneficiada por la Seremi Minvu. Para los efectos de determinar en qué períodos habrían estado en España, ya que conforme a antecedentes de investigación, ambos quienes prestaron labores a honorarios como encargada territorial y como encargado financiero en la ejecución de estos convenios, habrían estado un gran porcentaje del tiempo, mientras ejecutaban los mismos en España, lo que se requiere confirmar», indicó.
En la misma línea la Fiscalía solicitó oficiar al Servel información relativa a confirmar o descartar la militancia de 12 personas que habrían prestado servicios en la Fundación Democracia Viva y que habrían sido militantes de Revolución Democrática. La última diligencia solicitada por Aguilar se relacionó con la solicitud de desafuero que resolvió la Corte de Apelaciones el próximo 10 de febrero.
«Estas son las diligencias pendientes. Hacemos presente que como se puede advertir, la Fiscalía investiga un caso complejo. Son cuatro aristas, con más de 50 archivadores. Es mucha la información, son seis imputados, uno de ellos dice preventiva en arresto domiciliario total y arraigo nacional donde la Fiscalía investiga una serie de delitos», sostuvo el fiscal Aguilar. (Emol)
