América Latina ha sido históricamente cuna de todo tipo de proyectos populistas y autoritarios producto de lo anterior. Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua son los casos actuales más dramáticos. En ninguno de esos países existe realmente democracia. A ellos se está sumando Chile, que ha logrado destruir en un año de gobierno socialista más de lo que logró construir en una década de gobiernos moderados. Los socialistas del siglo XXI chilenos, que con su obsesión de refundarlo todo llevaron al país a la que se perfila como su peor crisis económica en los últimos 25 años, no piensan dar marcha atrás en su proyecto populista.
Encabezando ese proyecto se encuentra la impopular Presidenta Bachelet asistida por hordas de intelectuales socialistas. Estos últimos, como enseñó Revel, él mismo un ex comunista, sobre todas las cosas desprecian la realidad. De ahí que por darle en el gusto a su embriaguez teórica están dispuestos a arruinarle la vida a millones de personas con bananerismos como asambleas constituyentes y promesas infantiles de «derechos sociales universales», como si el Estado creara la riqueza ex nihilo y el paraíso sobre la tierra dependiera de lo que dice una Constitución.
Se les advirtió a esos ingenieros sociales que la reforma tributaria sería un desastre para el país y que ni siquiera iba a recaudar lo que se propusieron, porque, como sabe cualquier persona que haya leído un texto introductorio a la economía, las alzas sustanciales de impuestos destruyen los incentivos a la inversión, más aún cuando son realizadas en medio de cantos refundacionales y revolucionarios que pulverizan las expectativas de emprendedores y de los creadores de empleo. Pero el bienestar de la población no es lo que le importa a los socialistas. De lo contrario no se explica que hayan insistido en una reforma laboral cuyo propósito parece ser «proteger» a los trabajadores de los malignos empresarios al desvincularlos completamente de su relación con ellos. Y claro, tiene sentido, después de todo en la lógica socialista un desempleado no tiene quien lo explote, ni quien abuse de él.
Si la reforma laboral se aprueba finalmente como está diseñada, el golpe al bienestar de los trabajadores chilenos, esos que por lo visto no importan demasiado a la ministra Rincón, será devastador. Pero hay más, porque nuestros iluminados todavía deben dilucidar cómo será la nueva Constitución. Lo que sí sabemos en todo caso es que, dígase lo que se quiera, ella será mucho peor que lo que tenemos hoy desde el punto de vista de la estabilidad institucional y económica del país. Nada de eso, hay que insistir en esto, preocupa a quienes gobiernan porque la fe socialista y la sed de poder es más importante. El ideal perseguido es tan noble y el botín tan grande, piensan, que no existe sacrificio lo suficientemente alto.
Así avanza Chile por el camino de Argentina, arruinando a un paso arrollador lo que tanto costó construir y socavando la credibilidad de la democracia en un país que ya no crea oportunidades sino que las destruye, que ha caído en una espiral delictiva cada vez más aguda -la que, por cierto, incluye un desatado terrorismo en el sur que ha sido estimulado por diversos gobiernos y por el Poder Judicial- y que no ofrece estabilidad ni diálogo pacífico, sino puro conflicto. Sumado al desprestigio de nuestros partidos e instituciones, todo este cuadro podría llevar tarde o temprano a que la gente de verdad pierda la fe en la democracia como un sistema capaz de ofrecer gobernabilidad, estabilidad social, seguridad personal y prosperidad económica. Y eso es lo más grave de toda esta historia. Porque no hay que engañarse: Chile cada vez se acerca más a convertirse en una democracia fallida, incapaz de garantizar seguridad, estabilidad y prosperidad.
Está por verse si nuestra clase política entra en razón y logra arreglar lo que ha roto o terminamos, como nuestros vecinos, con una democracia de fachada o algo peor.
