Las demandas judiciales contra el Estado de Chile y los organismos representados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) han registrado un aumento sostenido durante la última década, elevando también el costo fiscal asociado a sentencias y acuerdos extrajudiciales.

De acuerdo con antecedentes obtenidos vía Ley de Transparencia, entre marzo de 2014 y febrero de 2026 ingresaron 57.110 causas contra el Fisco. En ese mismo período, el Estado desembolsó $833.560 millones, equivalentes a más de US$ 931 millones, por concepto de sentencias firmes y transacciones.

El alza se acentuó al comparar los distintos períodos presidenciales. Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet se presentaron 11.040 demandas. En la segunda administración de Sebastián Piñera la cifra aumentó a 18.730. En tanto, durante el mandato de Gabriel Boric los ingresos llegaron a 26.343 causas, lo que representa un incremento de 138,6% respecto del período 2014-2017.

El año 2025 marcó un récord histórico, con 7.108 nuevas demandas presentadas contra el Estado.

El gasto fiscal también mostró un crecimiento pronunciado. Mientras en el segundo mandato de Bachelet se pagaron $82.660 millones, en el período de Piñera la cifra ascendió a $276.689 millones. Bajo la actual administración, los desembolsos alcanzaron $457.268 millones, monto superior a lo pagado en los dos gobiernos anteriores combinados.

Del total de causas, 19.408 permanecen en tramitación. Otras 13.477 concluyeron con sentencias favorables al Estado, mientras que 8.053 terminaron con fallos adversos. Además, 3.351 casos se cerraron mediante transacciones.

Las demandas civiles concentran la mayor parte de los ingresos, seguidas por acciones laborales y recursos ante tribunales superiores. Entre los organismos más demandados figuran el Estado de Chile como entidad genérica, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior.

El CDE atribuyó parte importante del aumento a las acciones por indemnización relacionadas con violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990. La jurisprudencia de la Corte Suprema, que ha consolidado la imprescriptibilidad de estas acciones civiles, ha impulsado un incremento sostenido desde 2019.

El académico Carlos Pizarro, profesor de Derecho Civil de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Chile, explicó que el fenómeno responde a múltiples factores. Entre ellos mencionó las demandas por negligencias médicas, litigios derivados de contratos de obras públicas afectados por la pandemia y disputas por expropiaciones.

Según el experto, una sociedad menos tolerante frente a la fatalidad y más dispuesta a exigir responsabilidades también ha contribuido a que el Estado enfrente una presión judicial cada vez mayor. (NP-ChatGPT-Emol)