La Superintendencia de Educación Superior emitió un oficio al rector de la Universidad de Antofagasta (UA), Marcos Cikutovic, para evitar una eventual insolvencia económica de la institución de aquí a fin de año por los números rojos que mantiene.
De acuerdo a El Mercurio de Antofagasta, el documento que firmado por el titular del organismo, José Miguel Salazar, recomienda al rector de la UA una serie de acciones en base a la proyección financiera del establecimiento.
Lo anterior porque tras analizar el presupuesto estimado del 2025, se concluyó que la universidad «continúa en una delicada situación de déficit estructural», según consignó el oficio.
Se estableció que la U. de Antofagasta comenzó el periodo con un saldo inicial de caja de $6.620 millones, «y lo concluirá con un saldo final de caja de sólo $48 millones. Lo anterior implica que, para 2025, el total de gastos de la institución superarán largamente a los ingresos institucionales», mencionó el escrito del ente fiscalizador.
La Superintendencia afirmó que esto podría comprometer la sustentabilidad financiera de la UA y dejarla sin liquidez. Se agregó al respecto que «en el peor escenario, esto podría dar lugar a una hipótesis de insolvencia que podría concretarse a fines de 2025 o principios de 2026».
MEDIDAS
La Superintendencia de Educación Superior estimó que el déficit de la casa de estudios es de $8.279 millones para 2025, y que «la institución ha estado discutiendo una serie de medidas administrativas orientadas a mitigar dicho déficit. De ser implementadas exitosamente, ellas podrían generar un ahorro institucional de $5.000 millones para este año». Entre ellas, se encuentra el aumento de carga docente para reducir el pago de honorarios y «regular las asignaciones de mercado y los gastos de representación.
Ambas crecieron un 14%, ahondando el déficit operacional». $8.279millones sería el déficit de la casa de estudios para 2025. Se sumó también aplicar recortes en los incentivos por publicaciones científicas y la reducción de becas, ya que la UA «debiera definir criterios restrictivos para la entrega de becas a cónyuges e hijos del personal universitario, homologando dicho beneficio a las requisitos establecidos por el sistema de gratuidad universitaria».
«Asimismo, añade, debiera buscar disminuir el número y monto de otras becas otorgadas a estudiantes de pregrado, así como reducir aquellas destinadas a estudiantes de posgrado en las diversas programas institucionales».
Se agregó también la baja al mínimo de los desembolsos en viáticos y pasajes, tanto nacionales como internacionales. Pese a eso, el organismo fiscalizador considera que estas medidas serían insuficientes, «ya que sólo se estarían haciendo cargo de forma parcial de déficit (restarían $3.279 millones por mitigar). Por ello, resulta fundamental que la universidad explore otras alternativas de impacto significativo».
«Dado lo anterior, parece importante que la institución inicie un proceso de reestructuración económica y financiera en el corto plazo orientado a fortalecer su capital de trabajo y liquidez a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos institucionales», mencionó el oficio.
Además, se añadió que «paralelamente, resulta necesario que desarrolle un proceso de reestructuración organizacional de mayor alcance, enfocado en la optimización de sus procesos institucionales y la racionalización de sus gastos, con el propósito de asegurar la sustentabilidad del proyecto institucional».
RESPUESTA DE LA UA
Consultados por el citado medio, desde la Dirección Superior de la Universidad de Antofagasta manifestaron que la institución «asume con carácter prioritario las recomendaciones contenidas en el oficio de la Superintendencia de Educación Superior, entendiendo que su implementación es clave para asegurar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto institucional».
«En esa línea, ya se han socializado estas medidas con los cuerpos colegiados y asociaciones representativas de la comunidad universitaria», agregaron. Además, precisaron que dicha dirección «ha comprometido una agenda de trabajo que contempla visitas a las facultades a partir de la segunda quincena de junio, como parte de un mecanismo de monitoreo y diálogo directo con los equipos locales».
«Según lo señalado por la Superintendencia, las medidas deben comenzar a implementarse desde el segundo semestre de 2025, para que tengan un impacto financiero dentro del presente ejercicio», sostuvieron.
En ese sentido, aseguraron que las recomendaciones no comprometerán «la viabilidad del proyecto educativo y la calidad de formación de los estudiantes» y que «en general todas las medidas están dirigidas a disminuir el déficit estructural anual, que aún persiste. Sin embargo, podemos dar la seguridad que las becas y los incentivos de publicación no serán eliminadas».
Sobre el futuro de la sede que se tiene proyectado establecer en Calama, apuntaron que «podemos adelantar que el proyecto no compromete el patrimonio de la universidad, dado que el financiamiento proviene de fuentes externas a esta. La viabilidad depende que se cumplan los términos de referencia establecidos en el estudio que ya se entregó».
«Estamos trabajando en que la institución sea sostenible en el tiempo. Por ello como universidad del estado, tomamos con la seriedad que corresponde las medidas propuestas por la SES», apuntaron.
OFICIO DEL RECTOR CIKUTOVIC
De forma paralela, el diputado Stephan Schubert (IND-Republicano), miembro de la comisión de Educación de la Cámara, ofició al rector Cikutovic para pedir una serie de informaciones sobre el estado económico de la UA.
El parlamentario pidió información sobre el cumplimiento de las medidas comprometidas con la superintendencia, los efectos del endeudamiento en la universidad y las medidas para que el déficit no incremente.
Además, solicitó antecedentes sobre si es viable el proyecto académico hasta que termine el 2025, «teniendo en cuenta que la Vicerrectoría Económica ha informado que sólo se cuenta con recursos para pagar sueldos hasta agosto del presente año», y las medidas para que la falta de fondos no afecte la acreditación y pierda la gratuidad.
Incluso, se piden los antecedentes sobre la eventual sede de Calama y su viabilidad considerando estudio de mercado y su factibilidad técnica-económica. En ese mismo contexto, el parlamentario pidió información sobre por qué se mantiene el proyecto por parte de la rectoría pese a la oposición del consejo académico.
Schubert subrayó la preocupación por los estados de las universidades públicas, y aseguró que «aparentemente había una forma de administración un tanto laxa, y una dificultad de fiscalización pertinente por parte de la superintendencia. Eso lo aprendimos con ocasión de lo que lamentablemente esté pasando en la Universidad de la Frontera, en La Araucanía, y lo mismo aparentemente está pasando en otras universidades».
«Recibimos una denuncia respecto de la Universidad de Antofagasta, y por esa razón oficiamos de la manera tan precisa como lo hicimos, porque precisamente son consultas que tienen que ver con lo que aprendimos con la Universidad de la Frontera y que también podría estar pasando en otros lugares», sostuvo el parlamentario.
Explicó que «queremos es que las universidades públicas tengan una sana administración de los recursos de manera eficiente» y que «no se permitan abusos, excesos, gastos irracionales, sueldos extremadamente altos y un despilfarro como sí vimos en el caso de La Araucanía».
Por esto, «queremos levantar información respecto de la Universidad de Antofagasta, y creemos que los controles deben ser elevados, tanto al interior de las propias casas de estudios como por las autoridades reguladoras, como en el caso de la Superintendencia de Educación Superior». «Esperamos que la respuesta sea satisfactoria y que si es que hay algún mecanismo de control que se pueda mejorar, se mejore a la brevedad», cerró Schubert.(Emol)
