La comisión de Gobierno del Senado avanzó en la discusión del proyecto que busca tipificar como delito el ingreso clandestino al país, en el marco de una modificación a la ley de migración. En la instancia, la defensora nacional, Verónica Encina, expuso reparos jurídicos y advirtió sobre sus posibles efectos en el sistema penal.

Encina sostuvo que la iniciativa transforma una infracción administrativa en un delito sin alterar sustancialmente la conducta sancionada, lo que —a su juicio— debilita el principio de que el derecho penal debe ser la última herramienta del Estado. En ese sentido, planteó que la propuesta desdibuja los límites entre sanciones administrativas y penales.

La autoridad también alertó sobre la creación de un régimen diferenciado basado en la condición migratoria, lo que podría contradecir principios fundamentales del Estado de Derecho. Según indicó, esto implicaría incorporar elementos de un derecho penal centrado en la persona y no en la conducta.

Asimismo, destacó que en América Latina la tendencia es tratar el ingreso irregular como una falta administrativa y no como un delito. Añadió que el derecho penal en la región se reserva para conductas más graves, como la trata de personas o el tráfico ilícito de migrantes, ya contempladas en la legislación vigente.

Desde una perspectiva práctica, la defensora cuestionó la efectividad de la medida para desincentivar la migración irregular o acelerar procesos de expulsión, señalando que la evidencia sugiere lo contrario. También advirtió sobre eventuales incompatibilidades con estándares internacionales de derechos humanos, que promueven la no criminalización de la migración irregular.

El proyecto continuará su tramitación en el Senado, en medio de un debate que cruza aspectos legales, migratorios y de política pública.

COMISIÓN DEL SENADO RECHAZA PENALIZAR INGRESO CLANDESTINO DE MIGRANTES

La comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado rechazó en general el proyecto que busca tipificar como delito el ingreso clandestino al país, iniciativa que modifica la Ley de Migración y Extranjería y que había sido aprobada previamente por la Cámara de Diputados.

La instancia, presidida por la senadora Danisa Astudillo, votó en contra de la idea de legislar por tres votos contra dos, frenando el avance de una propuesta considerada prioritaria por el Ejecutivo.

Desde el gobierno, el coordinador legislativo del Ministerio del Interior, José Pablo Núñez, lamentó la decisión y destacó que existía disposición para perfeccionar el proyecto durante su tramitación. Asimismo, enfatizó que el control fronterizo constituye un bien jurídico fundamental que requiere protección.

En tanto, el senador Andrés Longton defendió la iniciativa, subrayando la primacía de la soberanía nacional en materia migratoria.

El proyecto proponía sancionar el ingreso irregular con penas de presidio y multas, además de establecer la expulsión obligatoria del país una vez cumplida la condena. También contemplaba agravantes en casos de reincidencia o uso de documentación falsa, y excluía de su aplicación a menores de edad y personas en condición de refugio.

En el debate también se consideraron observaciones de la Corte Suprema de Chile, que previamente había manifestado reparos a algunas disposiciones, particularmente en relación con plazos de detención y su compatibilidad con estándares constitucionales y de derechos humanos.

La votación se produjo tras una serie de audiencias con organismos como la PDI, el Servicio Nacional de Migraciones y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en un contexto de amplio debate sobre seguridad, migración y garantías fundamentales. (NP-ChatGPT-La Tercera)