La Defensoría de la Niñez presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Los Lagos para investigar un procedimiento realizado por Carabineros al interior del Liceo Rayen Mapu de Quellón, donde dos estudiantes habrían sido sometidos a revisiones corporales y obligados a quitarse parte de sus prendas frente a compañeros y funcionarios del establecimiento.
Los hechos habrían ocurrido durante la tarde del lunes 17 de agosto en un curso de segundo medio, luego de que el establecimiento activara su protocolo interno ante la sospecha del hurto de una pertenencia de un estudiante.
De acuerdo con el equipo directivo del liceo, durante el procedimiento los funcionarios policiales habrían excedido sus atribuciones al revisar las mochilas y posteriormente someter a dos adolescentes a actuaciones que, según la comunidad educativa, vulneraron su integridad y dignidad.
El centro de alumnos entregó mayores antecedentes sobre lo sucedido. Según su versión, a uno de los estudiantes se le habría solicitado quitarse el polerón y las zapatillas, además de levantarse la polera frente a otras personas.
El segundo adolescente habría sido obligado a quitarse pantalones, polerón, polera y zapatillas y posteriormente a realizar sentadillas frente a sus compañeros, efectivos policiales y funcionarias del establecimiento presentes durante el procedimiento.
Carabineros confirmó la realización del operativo y anunció una investigación interna destinada a establecer las circunstancias en que se desarrolló y determinar eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados.
La Defensoría de la Niñez calificó los antecedentes como de extrema gravedad y solicitó al Ministerio Público investigar la eventual existencia de delitos de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y vejación injusta, sin perjuicio de otras figuras penales que puedan establecerse durante las diligencias.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, enfatizó que las policías tienen una obligación especial de proteger los derechos de niños y adolescentes durante cualquier procedimiento y advirtió que la intervención de agentes estatales no suspende las garantías relacionadas con su dignidad e integridad física y psíquica.
El organismo pidió además que los estudiantes sean derivados a la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Los Lagos para determinar sus necesidades de protección y atención, además de coordinar las eventuales acciones de reparación con sus cuidadores y profesionales del establecimiento.
La Defensoría también inició contactos con los alumnos afectados y con la comunidad educativa para recopilar nuevos antecedentes y evaluar la adopción de otras medidas.
El caso provocó además el rechazo del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien calificó la situación como grave, pidió sanciones en caso de comprobarse responsabilidades y emplazó al Presidente José Antonio Kast a entregar una señal clara frente a este tipo de actuaciones.
La jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, ofició al Servicio Local de Educación Pública de Chiloé y al Ministerio de Seguridad para solicitar información sobre el ingreso de Carabineros al establecimiento, los funcionarios presentes, las medidas adoptadas para proteger a los alumnos y la existencia de eventuales investigaciones administrativas.
La parlamentaria solicitó además conocer el fundamento legal o protocolar del procedimiento denunciado, el seguimiento realizado por el Ministerio de Seguridad a la investigación interna de Carabineros y las eventuales medidas preventivas adoptadas mientras se esclarecen los hechos. (NP-ChatGPT-La Tercera)