La defensa del senador Miguel Ángel Calisto cuestionó el nuevo cierre de la investigación por presunto fraude al Fisco y la posterior acusación presentada por la Fiscalía, argumentando que el Ministerio Público habría utilizado antecedentes incorporados durante la etapa final de la causa a los que sus abogados no tuvieron acceso.

El planteamiento surgió después de la audiencia realizada el viernes, luego de que la Fiscalía cerrara nuevamente la investigación y acusara a ocho imputados por delitos reiterados de fraude al Fisco y fraude de subvenciones. El Ministerio Público calcula que el perjuicio fiscal involucrado supera los $100 millones y solicitó nuevamente el desafuero del senador.

Nelson Salas, abogado defensor de Calisto, señaló que durante el tramo final de la investigación el imputado Ronald Cárcamo habría modificado su versión de los hechos y entregado nuevos antecedentes en formato digital.

Según la defensa, parte de esa información habría sido considerada por la Fiscalía al momento de formular la nueva acusación contra Calisto, pese a que sus representantes legales no habrían tenido acceso a esos antecedentes.

Salas sostuvo que la defensa tiene derecho a conocer, revisar y controvertir las pruebas utilizadas por el Ministerio Público. El abogado afirmó que su planteamiento no busca retrasar el procedimiento, sino ejercer las garantías correspondientes frente a los antecedentes que sustentan la imputación.

La controversia se produce después de que el Juzgado de Garantía de Coyhaique ordenara en julio reabrir la investigación durante 60 días, luego de una solicitud presentada por las defensas para efectuar nuevas diligencias, entre ellas declaraciones y peritajes.

Tras concluir ese periodo, la Fiscalía volvió a cerrar la investigación y presentó una acusación en la que sostiene que las asesorías parlamentarias atribuidas a Carla Graf no se habrían realizado. Graf fue contratada por la Cámara de Diputados como asesora de Calisto entre 2018 y 2022.

De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, las nuevas declaraciones obtenidas durante la reapertura tampoco permitieron establecer cómo, cuándo ni de qué manera se habrían efectuado los trabajos por los cuales Graf recibió remuneraciones.

La Fiscalía sostiene además que parte de los recursos fiscales involucrados habría beneficiado a Calisto, Ronald Cárcamo y otras personas vinculadas en ese periodo al Partido Demócrata Cristiano.

La defensa del senador mantiene una posición diferente y ha afirmado que Graf sí realizó labores de apoyo a la función parlamentaria. Para respaldar esa versión, los abogados han mencionado la existencia de declaraciones, conversaciones mediante WhatsApp y documentos relacionados con las asesorías.

Calisto manifestó su disposición a enfrentar las próximas etapas judiciales y señaló que corresponderá a la justicia determinar los hechos. Sin embargo, insistió en que su defensa debe tener acceso a todos los antecedentes utilizados para fundamentar la acusación en su contra.

El parlamentario sostuvo que, si existen nuevos elementos que resultaron determinantes para la decisión del Ministerio Público, sus abogados deben tener la posibilidad de conocerlos, examinarlos y ejercer su derecho a controvertirlos.

La defensa anunció que recurrirá a las instancias judiciales correspondientes para impugnar las decisiones adoptadas durante esta fase de la investigación. Entre las acciones que prepara se encuentra un recurso de amparo basado en una eventual vulneración del derecho a defensa. (NP-ChatGPT-Bio Bio)