La defensa del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, solicitó reabrir la investigación penal en su contra, pocos días después de que la Fiscalía Centro Norte presentara la acusación y solicitara una condena de 26 años de cárcel por delitos de fraude al Fisco, lavado de dinero, declaración maliciosamente incompleta de impuestos y obtención indebida de devoluciones tributarias.

La petición fue presentada por los abogados Francisco Velozo y Cristián Bawlitza, quienes argumentan que aún existen diligencias relevantes pendientes desde el inicio de la investigación en 2023 y que estas deben ser realizadas antes de dar paso al juicio oral.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió incorporar esta solicitud a la audiencia de preparación de juicio oral fijada para el próximo 13 de julio, instancia en la que también se debatirá la eventual reapertura de la investigación.

Entre las diligencias solicitadas figura la obtención de antecedentes desde 18 organismos públicos y privados, entre ellos la Municipalidad de Vitacura, la Contraloría General de la República, el Servicio de Impuestos Internos, conservadores de bienes raíces, entidades previsionales, isapres y diversas instituciones bancarias.

La defensa también solicita profundizar las investigaciones patrimoniales respecto de excolaboradores de Torrealba que ya fueron condenados en la causa, entre ellos el fallecido exrepresentante del Consejo Local de Deportes de Vitacura, Domingo Prieto; la exdirectora de Desarrollo Comunitario, Antonia Larraín; y los excontadores Arnaldo Cañas y Augusto César Silva.

Los abogados plantean además la realización de nuevos peritajes contables, el levantamiento de antecedentes sobre cuentas bancarias, bienes, inversiones y otros activos de los exfuncionarios, así como de algunas personas de su entorno familiar, con el objetivo de complementar la investigación financiera del caso.

Desde la Municipalidad de Vitacura, el abogado querellante Alejandro Espinoza sostuvo que la solicitud constituye un derecho de la defensa, aunque señaló que corresponderá al tribunal determinar si las diligencias requeridas son pertinentes o si solo buscan retrasar el avance del proceso hacia el juicio oral. (NP-ChatGPT-La Tercera)