Menos de 24 horas lleva en prisión preventiva el penalista Luis Hermosilla, y su hermano -y también defensor- Juan Pablo Hermosilla ingresó un recurso de amparo para que la Corte de Apelaciones de Santiago, en forma urgente, ordene el traslado del penalista quien pasó su primera noche privado de libertad en Santiago 1, recinto que no tendría las medidas adecuadas para asegurar la integridad de quien fuera considerado en el pasado como un “poderoso” abogado de la plaza.
En el texto, al que tuvo acceso La Tercera, Juan Pablo Hermosilla asegura que desde que se decretó la medida cautelar, ninguna autoridad ni del Ministerio de Justicia, ni de Gendarmería, han contestado a sus llamados.
“NO ES PRIVILEGIO, ES MEDIDA HABITUAL”
“En insistentes y frustrados contactos con Gendarmería de Chile, y personal del Ministerio de Justicia, ha sido imposible gestionar el ingreso de mi representado al recinto correspondiente para el cumplimiento de su medida cautelar; sin entender esta solicitud como un privilegio, sino como una medida habitual para este tipo de delitos”, se lee en el documento.
Y es en ese punto dónde cobra valor las frases que el Presidente Gabriel Boric dedicó ayer al caso, una vez se conoció la resolución de la jueza Mariana Leyton del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Esto, ya que a juicio de la defensa de Hermosilla la posición del Ejecutivo estaría mermando las garantías del profesional.
“Se suma a lo anterior (la indiferencia de las autoridades de Justicia y Gendarmería, la decisión por parte del Poder Ejecutivo, al declarar públicamente el Presidente de la República Gabriel Boric Font: “Que bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”, “Es un señor que se creía todo poderoso”, desprendiéndose de estas frases una politización arbitraria destinada a que Luis Hermosilla cumpla su medida cautelar en un recinto distinto al cual se encuentran habitualmente en prisión preventiva por este tipo de delitos”, argumentan los recurrentes.
PETICIONES CONCRETAS
En el amparo, Juan Pablo Hermosilla pide a la justicia intervenir y ordenar el traslado inmediato de su hermano a Capitán Yáber. “Remítase informe de Gendarmería de Chile respecto a la factibilidad de ingreso a anexo Capitán Yáber. Asimismo, restablezca el imperio del Derecho y salvaguardando la integridad física, psicológica y respetando la igualdad ante la ley, se permita a don Luis Edgardo Hermosilla Osorio cumplir la medida cautelar de prisión preventiva en el recinto penitenciario capitán Yáber”, se lee en el documento.
Poco antes, en el mismo recurso el defensor explica a la Corte de Apelaciones de Santiago que cuando la jueza dio orden de ingreso lo hizo por delitos económicos de lavado de activos, cohecho y delitos tributarios, por lo que “es dable concluir que el imputado pueda cumplir con su medida cautelar en el recinto penitenciario especial destinado a estos efectos Capitán Yáber. Inclusive, la magistrada Mariana Leyton explora la posibilidad de la coimputada María Leonarda Villalobos obtenga un espacio en el mismo recinto Capitán Yáber con objeto de salvaguardar la no discriminación por género”.
Junto con esto, denuncia Juan Pablo Hermosilla, “el mismo tribunal se desentiende de su facultad de ordenar este ingreso a este recinto penitenciario específico, aduciendo que dependerá de Gendarmería de Chile para estos efectos, y fijando una audiencia pertinente para el día 12 de septiembre del presente año”. Esto, pese a que “hemos sido informados de que existen cupos en el recinto penitenciario Capitán Yáber, por lo que la obstaculización a este traslado constituye arbitrariedad excesiva, que pone en riesgo la salud y derechos de Luis Hermosilla”.
ESTADO DE SALUD
Una de las cosas que más preocupa al entorno de Hermosilla es justamente sus enfermedades de base. Las mismas que comentó en su declaración como imputado a la Fiscalía y que podrían empeorar tras las rejas.
“Que por el tiempo que transcurrirá entre el día en que se decreta la medida cautelar, se evacué el informe pertinente por parte de GENCHI y se haga efectivo el traslado de acuerdo a la agenda del tribunal, mi representado pasaría un tiempo excesivo en un recinto no especializado para alojar a los imputados formalizados por delitos económicos”, se lee en el amparo.
Juan Pablo Hermosilla, además, agrega que “esta diferencia arbitraria no ha ocurrido con los demás imputados de las causas vinculadas a la presente formalización por lavado de activos, cohecho, delitos tributarios”. Esto último en alusión a Rodrigo Topelberg, y los hermanos Daniel y Ariel Sauer.
“Finalmente esta circunstancia, sumada a los antecedentes de problemas de salud cardiológicos de mi representado, convierten a esta medida cautelar en un recinto no especializado como un menoscabo excesivo para los derechos fundamentales de Luis Edgardo Hermosilla Osorio”, sentencia.
“LA JUEZA LO AUTORIZÓ…”
En diálogo con Radio Infinita, la mañana de este miércoles el abogado Juan Pablo Hermosilla se refirió al recurso de amparo en contra de la administración de Boric.
“Vamos a ejercer nuestras acciones legales contra el gobierno para evitar que se politice el caso”, dijo.
El defensor de Luis Hermosilla plateó que “esto depende del Ministerio de Justicia, que se ha negado a darle un trato a Luis como una persona común y corriente, a trasladarlo a Capitán Yáber a pesar de que la jueza lo autoriza”.
“Lo que yo estimo, después de la declaración del Presidente de la República, es que es una decisión política, y por lo tanto es una decisión ilegal e inconstitucional. Tenemos derecho a que se nos trate igual que a cualquier persona”, expresó.
“DECLARACIONES MUY DESAFORTUNADAS”
Sin que le preguntaran directamente, ayer, el Presidente Gabriel Boric ocupó algunos minutos de la ceremonia de conmemoración del Día de la Educación Técnico Profesional para abordar el caso Audios, en concreto, la prisión preventiva de Luis Hermosilla que ordenó el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
“Permítanme decir una pequeña cosita de contingencia antes de partir con lo que nos convoca (…) acaban de enviar a la cárcel, a prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla”, dijo el Mandatario en su alocución.
Y añadió: “Acá no pueden haber ciudadanos de primera y segunda clase. La justicia y la ley tienen que ser igual para todos. Por eso, qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”.
Bastaron horas para que la defensa de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo, reaccionara a los dichos. Esta mañana, en conversación Radio Infinita recordó que en esta etapa procesal “no hay nada acreditado” y que “la ministra del Interior, de hecho, el propio Presidente de la República, lo tratan como si fuera el juicio; emiten opiniones definitivas, que están acreditadas cosas, y eso no es efectivo“.
Asimismo, afirmó que “el Presidente de la República hace una cosa que está prohibida por la Constitución, no puede interferir en los procesos judiciales, menos cuando la propia jueza dijo ayer que no hay opiniones definitivas, que sigue rigiendo el principio de inocencia y que todavía no hay una condena”.
En esa línea, dijo Hermosilla, que “ayer lo que pasó, con la intervención política del Gobierno, es extremadamente grave”. Con todo, anunció que “vamos a ejercer nuestras acciones legales contra el Gobierno para evitar que se politice el caso, un recurso de amparo”.
En conversación con Emol, abogados constitucionalistas y penalistas dan cuenta de las implicancias en torno a la frase del Presidente Gabriel Boric, en cuanto a su rol como Mandatario en medio de un caso que aún no finaliza desde el punto de vista procesal.
Además, ponderan la plausibilidad del recurso de amparo anunciado por Juan Pablo Hermosilla.
Cristián Riego, abogado penalista de la UDP, señala que “la frase del presidente parece un error porque no debiera meterse con decisiones de la justicia, pero no me parece que sea susceptible de ningún recurso porque es solo un comentario”.
Javier Couso, abogado constitucionalista y académico de la UDP, comenta que la frase del Presidente Boric “fue desafortunada, porque da por condenado al señor Hermosilla, y creo que el Presidente, que ha mostrado un apego a las normas jurídicas poco común a la izquierda latinoamericana, particularmente con el caso venezolano y su defensa a los derechos humanos, tiene claro que la presunción de inocencia continúa vigente. El Presidente no debería comentar en esta fase; una vez que hay condena, ahí desaparece la presunción de inocencia”.
De todas formas, sobre el recurso anunciado, Couso plantea que no lo ve plausible, pues si bien la frase del Presidente es desafortunada, “no llega a alcanzar el nivel de ilegalidad o inconstitucionalidad”.
MIRADA CONSTITUCIONAL
Por su parte, Alan Bronfman, abogado constitucionalista de la PUCV, comenta que “la frase es desafortunada en extremo. La prisión preventiva no tiene un fin punitivo, sino que asegurar al ofendido o la sociedad, o bien, como medida necesaria para la investigación”.
En esa línea, remarca que el art. 76 de la Constitución dice que el Presidente no puede en caso alguno ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de las resoluciones de los tribunales establecidos por la ley. Conocer, resolver y juzgar es una facultad exclusiva de dichos tribunales.
“Por supuesto que el Presidente no está resolviendo el asunto, pero ¿y si el tribunal entiende, en definitiva, que no hay ninguna responsabilidad penal concernida, es libre para hacerlo? Ya hay una manifestación el Presidente en sentido contrario”, acota.
En la misma línea, el Alejandro Leiva, abogado penalista de la U. Finis Terrae, citando también el artículo 76 de la Constitución, señala que “por supuesto que fue un error, no puede el Presidente pronunciarse acerca de causas pendientes en virtud del ejercicio de su cargo. Boric no deja de ser Presidente cuando opina en estas materias, no es un ciudadano común opinando”.
Respecto al recurso de amparo de Hermosilla, “sospecho que lo que quiere hacer es presentarlo ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en virtud de que su representado no está cumpliendo la medida cautelar en la cárcel que se esperaba, en Capitán Yáber”.
DEFENSA DE HERMOSILLA
La intervención del Mandatario –la que, según admiten en el oficialismo, abrió un flanco innecesario, debido a que todavía es una investigación en curso- recibió hoy una respuesta del defensor de Hermosilla, su hermano, Juan Pablo Hermosilla.

A juicio de ellos, la posición del Ejecutivo -expresada a través de los dichos del Jefe de Estado- estaría mermando las garantías del profesional.
“Se suma a lo anterior (la indiferencia de las autoridades de Justicia y Gendarmería, la decisión por parte del Poder Ejecutivo, al declarar públicamente el Presidente de la República Gabriel Boric Font: ‘Que bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel’, ‘Es un señor que se creía todopoderoso’, desprendiéndose de estas frases una politización arbitraria destinada a que Luis Hermosilla cumpla su medida cautelar en un recinto distinto al cual se encuentran habitualmente en prisión preventiva por este tipo de delitos”, argumentó, en el recurso de Amparo, la defensa de Hermosilla, donde pidieron el traslado a Capitán Yáber, que fue concedido durante este miércoles.
Juan Pablo Hermosilla profundizó sobre el recurso, en entrevista con radio Infinita. “Vamos a ejercer nuestras acciones legales contra el gobierno para evitar que se politice el caso”, señaló.

Y agregó: “Lo que yo estimo, después de la declaración del Presidente de la República, es que es una decisión política y, por lo tanto, es una decisión ilegal e inconstitucional. Tenemos derecho a que se nos trate igual que a cualquier persona”, expresó.
Además, sostuvo que “o el Presidente cumple con la Constitución y se dedica a hacer lo que tiene que hacer o sencillamente la separación de poderes desaparece. Y entonces el Presidente de la República o la ministra del interior van a determinar si hubo cohecho o no. Los dos no son abogados pero los dos estudiaron derecho y conocen el principio de inocencia”.
LA DEFENSA OFICIALISTA
Los dichos de la defensa de Hermosilla irritaron a La Moneda y generaron también una respuesta a través de la ministra del Interior, Carolina Tohá.
“Parece que es bastante habitual cuando personas que han tenido contacto con la política o que han estado en esferas del poder, son investigadas por algún delito, acusan que es una persecución política”, sostuvo la jefa de gabinete al referirse al recurso de amparo.
La secretaria de Estado añadió que “ni la persecución, ni la labor de la política pública y ciertamente del gobierno, va a prestarse para la discusión sobre la politización. (…). Lo que hay son delitos que se están investigando, y lo que deben hacer las instituciones es funcionar sin interferencias de ningún tipo, y sin ningún tipo de presión de ningún sector, sea cual sea el que está siendo investigado”.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, también se refirió y endureció el tono del Ejecutivo. “El señor Hermosilla ha tenido el trato de cualquier persona privada de libertad en Chile y es lo que corresponde, sin ningún tipo de trato privilegiado. (…). Creo que don Juan Pablo Hermosilla tiene que hacer una distinción. No puede lograr en la prensa lo que no pudo lograr en una sala audiencias, y a mí lo que me parece relevante, que los argumentos esgrimen en la sala de audiencias y no en los medios de comunicación”, manifestó.

Y agregó: “El señor Juan Pablo Hermosilla reconoce en su recurso de amparo una comunicación ilegal. A él no le corresponde y es impropio que se comunique o trate de comunicarse con personal del Ministerio de Justicia para que se pueda obtener un traslado respecto del cual el único organismo competente para este fin es Gendarmería de Chile y el juez de Garantía”.
Para la diputada Gael Yeomans (FA), en tanto, “la única politización arbitraria es la de la banda criminal que lideraba Hermosilla. El Presidente Boric simplemente ha sido claro con quienes se aprovechan del poder y los recursos que tienen, no debe haber ningún espacio para la corrupción en instituciones públicas y la justicia debe actuar hasta las ultimas consecuencias, caiga quien caiga”.
El diputado Raúl Soto (PPD), por su parte, argumentó que “me parece que acá hay una estrategia judicial de la defensa de politizar el caso. Es al revés. Lo que ha hecho el Presidente Boric es expresar libremente como cualquier persona su opinión. En un contexto democrático, la libertad de expresión es permisible y por lo tanto no me parece incorrecto lo que ha hecho el presidente. Muchos de nosotros también opinamos respecto de lo que acá estaba sucediendo. Acá no hay, hasta donde conocemos, ningún tipo de intervención política en el proceso judicial. Lo que hubo fue una opinión”.
Para la presidenta del Partido Regionalista Verde, Flavia Torrealba, “es un riesgo grande el que tomó el Presidente. El Presidente también tiene que poner en el centro de su discurso la presunción de inocencia. (…). Sin embargo, también tiene la obligación de dar garantía, y por eso él se pone como garantía, de que bajo su gobierno, no va a haber manejos oscuros para que los procesos judiciales no lleguen al lugar donde tienen que llegar, caiga que caiga”.
Torrealba, de todas formas, defendió que le parece “oportuno, porque con la amenaza del abogado Hermosilla de que iban a abrir los mensajes que están en el teléfono de su defendido, el gobierno tiene que ser enérgico, fuerte y dar la garantía de que no se va a inhibir en ninguna de las acciones políticas posibles para que este caso no llegue hasta el final con las consecuencias que tenga que tener”.
En el sector, en todo caso, les inquieta la reacción del Mandatario dado que, en otras investigaciones, se comportó diferente, por ejemplo, cuando se decretó la prisión preventiva contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), guardó silencio y no lo celebró. Eso sí, en el Ejecutivo hay quienes aseguran que no es lo mismo, ya que la investigación de Hermosilla, argumentan, es de alta connotación pública y que el impacto que tiene en la ciudadanía es mayor.

La ministra Tohá también se refirió, de forma indirecta, a los criterios que han tenido en Palacio a la hora de abordar los casos. “Las acciones legales que dispone una persona es su definición de acuerdo a su defensa, cuáles utiliza. Lo importante es decir, de parte del gobierno, que en este caso creo que hemos tenido la misma vara en todos los demás, incluso cuando a veces han habido personas investigadas que tienen alguna cercanía con nuestro sector”, explicó la jefa de gabinete.
Más allá del rol de Boric, entre los partidos de gobierno rápidamente empezaron a usar el caso de Hermosilla como estrategia y relato de campaña de cara a las elecciones de octubre de este año. (La Tercera-Emol)
