El abogado Patricio Zapata, encargado de la defensa del exministro de Hacienda Nicolás Grau frente a la acusación constitucional presentada en su contra, sostuvo que el libelo no acredita infracciones legales ni constitucionales y advirtió que utilizar este mecanismo para cuestionar proyecciones económicas podría generar un precedente perjudicial para la institucionalidad fiscal del país.

En una entrevista con Tele13 Radio, el jurista recordó que, aunque Grau ya no integra el gabinete, una eventual aprobación de la acusación tendría como principal efecto impedirle ejercer cargos públicos por cinco años, sanción que calificó como especialmente relevante para un exsecretario de Estado.

Zapata afirmó que la acusación constitucional debe reservarse para situaciones excepcionales y no transformarse en una herramienta destinada a resolver discrepancias técnicas o políticas. En ese sentido, describió este mecanismo como la “última ratio” del derecho constitucional, destinada únicamente a casos en que los instrumentos ordinarios de fiscalización resultan insuficientes.

Respecto de las imputaciones sobre un eventual manejo indebido de las cifras fiscales, el abogado sostuvo que atribuir una manipulación intencional implica acusar un actuar doloso, afirmación que, a su juicio, no encuentra respaldo en el contenido del propio libelo.

Asimismo, destacó que la elaboración de las proyecciones económicas es un trabajo desarrollado por equipos técnicos permanentes del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos, cuyos funcionarios mantienen continuidad institucional más allá de los cambios de gobierno, lo que, según indicó, garantiza la transparencia y consistencia del proceso.

Tras revisar los antecedentes de la acusación, Zapata aseguró que no existen elementos que permitan acreditar incumplimientos constitucionales o legales por parte del exministro. En esa línea, sostuvo que mantener diferencias de criterio con organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Consejo Fiscal Autónomo forma parte del debate técnico y no constituye una conducta sancionable.

El abogado advirtió que destituir a un ministro por eventuales errores de estimación económica pondría en riesgo el funcionamiento de la política fiscal y abriría un precedente que podría afectar a futuras administraciones, independientemente de su signo político.

Como ejemplo, mencionó las proyecciones que sustentan la megarreforma impulsada por el actual Gobierno, señalando que estas también descansan sobre supuestos económicos que podrían no cumplirse, sin que ello implique automáticamente una responsabilidad constitucional para las autoridades encargadas de su implementación.

Finalmente, Zapata alertó que este tipo de acciones podría favorecer un “parlamentarismo de facto”, trasladando al ámbito político decisiones técnicas propias del Ministerio de Hacienda, institución que, afirmó, debe resguardar su autonomía y credibilidad como uno de los pilares de la conducción económica del país. (NP-ChatGPT-El Mostrador)