Defensa de abogado F. Cox del exministro Ávila por a. constitucional costó $16 millones

El 12 de julio pasado el ahora exministro de Educación Marco Antonio Ávila celebró que la bullada acusación constitucional en su contra no prosperó. Por 69 votos a favor y 78 en contra, la Cámara de Diputados, con votación divida de la derecha, donde Evópoli estuvo por no apoyar el libelo contra el profesor de Castellano, rechazó la iniciativa.

Pero el entonces secretario de Estado y el resto del gobierno que componía no fueron los únicos en festejar. También celebraba el éxito de su estrategia el abogado Francisco Cox, mismo profesional que en el pasado ya había representado con éxito a Marcela Cubillos, también extitular de Educación, en una instancia idéntica en 2019.

“Hay una animadversión casi personal contra él”, decía por ese entonces el abogado defensor de Ávila, quien a esa altura ya había acordado el costo de sus servicios: 16 millones de pesos por el proceso de defensa.

Y si bien la acusación se resolvió durante la primera mitad de julio, fue a fines de ese mes que el jurista recibió la primera de las transferencias en que se dividió, según acuerdo, el pago de sus servicios.

Hasta ahora Cox figura en las nóminas de julio y agosto de personas naturales contratadas a honorarios publicadas en el portal de transparencia activa del Ministerio de Educación. En cada una de esas nóminas, sus funciones son descritas como “asesoría jurídica al ministro de Educación en la acusación constitucional”, y se detalla un pago bruto de 16 millones de pesos, aunque esto no significa un pago de ese monto cada mes.

Desde el Mineduc explican que el contrato con Cox tuvo un costo “total y único” de $16 millones, “y es el único gasto asociado por ese servicio”. Además, dicen que el costo fue asumido por el ministerio “porque fue el pago de servicios asociados a la defensa de una autoridad de gobierno en una acusación constitucional, que es consecuencia derivada del ejercicio de una función pública, tal como lo señala el dictamen 21.400, de 2018, de la Contraloría General de la República”.

“La plataforma de Transparencia Activa señala que el contrato dura hasta el 31 de octubre porque se estableció su duración hasta esa fecha o hasta que los servicios fueran necesarios. En este caso, el servicio culminó con el fin de la acusación constitucional. Además, establece que el pago no será mensual, ya que es un monto único”, añaden. La posibilidad de que los servicios se extendieran hasta octubre, aseveran, hará que el pago de $ 16 millones figure en las nóminas hasta ese mes, pero sin transferencias de por medio.

¿Y cuánto han costado otras defensas de acusaciones constitucionales?

Una comparación reciente es la defensa de la fallida acusación constitucional en contra de Giorgio Jackson (Desarrollo Social) de enero de 2023. Según se ve en el portal de Transparencia Activa de dicha cartera la contratación por trato directo de Sarmiento y Walker Asociados (el estudio de las abogadas Claudia Sarmiento y Elisa Walker) tuvo un costo de 10 millones de pesos, con impuestos incluidos.

El propio Cox, según informó en noviembre de 2019 el Mineduc con motivo de la acusación en contra de la entonces ministra Cubillos, recibió de parte de la cartera $15 millones -exentos de impuestos- por sus funciones. El de la exministra es el mismo ejemplo que utilizan ahora en la cartera educativa para justificar el reciente pago a Cox.

Hacia atrás, por ejemplo, Luis Hermosilla, el abogado defensor del exministro del Interior Andrés Chadwick, detalló a La Tercera que no cobró por sus funciones ya que mantiene una relación de amistad con el exsecretario de Estado. Y antes, el exministro de Salud Emilio Santelices contrató al abogado Jorge Correa Sutil para su defensa. En ese entonces, desde el Ministerio de Salud señalaron que el pago realizado fue equivalente a un sueldo bruto de ministro, o sea, cerca de $7 millones 700 mil.

En ese 2018, incluso, la Segpres tuvo que pedir un pronunciamiento de Contraloría al que hizo alusión el Mineduc en esta nota, para ver si procedía que se financiara con recursos públicos la defensa jurídica de un ministro. La respuesta del ente fiscalizador fue que el pago sí podía realizarse. “El Ministerio de Salud se encuentra facultado para otorgar a la autoridad antedicha una defensa jurídica, por tratarse de consecuencias derivadas del ejercicio de la función pública, ya sea que esta sea proporcionada por abogados de esa repartición o mediante la contratación -con cargo al presupuesto de esa secretaría de Estado- de un profesional ajeno al organismo”. Además, estableció que “el monto del pago acordado por la prestación de servicios de defensa jurídica debe ser proporcional a la naturaleza y complejidad del asunto de que se trate”. O sea, que la cifra era definida por cada cartera. (La Tercera)