La mesa de la Convención Constitucional propuso una nueva metodología de trabajo para zanjar los temas a discutir, luego de los problemas vistos ayer durante el debate sobre ampliar los cupos de la mesa directiva del órgano, estableciendo dos oportunidades de votación por mayoría absoluta y si no hay acuerdo, se desecha la propuesta en cuestión.
Al inicio de la tercera sesión de la instancia, el vicepresidente Jaime Bassa (CS) explicó que «estamos en un proceso de construcción lento y difícil. Hemos cometido errores y somos consciente de ellos y hacemos lo posible para generar condiciones que nos permitan participar de la mejor forma posible».
«Somos conscientes de que no tenemos reglas y de que sin embargo las necesitamos. Mientras no tengamos ese trabajo vamos a ir acertando y errando, ayer se cometieron errores y vamos a tratar de subsanarlo con la metodología de hoy que es provisoria y entregada a la comisión de reglamento para que la revise«, añadió.
En ese contexto, explicó que durante esta jornada los convencionales sesionarán en las mismas salas que ayer y que van a deliberar y votar desde el hemiciclo de la Cámara en Santiago.
«La estructura es abrir un momento de deliberación de dos horas para discutir en torno al tema que nos hemos convocado hoy», dijo.
En ese momento, detalló que el objeto de la sesión es generar una declaración sobre el indulto a los «presos de la revuelta” y de la «militarización del WallMapu», estableciendo dos minutos máximo para cada intervención, las cuales serían asignadas bajo criterios de paridad y diversidad política y social.
La idea, a su juicio, es «que no monopolicemos la palabra e ir escuchando voces distintas de manera alternada».
Luego, indicó que la sesión se suspendería hasta las 13:15 para que los constituyentes puedan formular una propuesta de declaración de la Convención relativa a esos asuntos.
«El gran requisito para un dialogo transversal es que esa declaración sea patrocinada por 30 constituyentes, eso ordenará muchísimo el debate y la votación. Es un quinto de la constituyente, por tanto, no vamos a tener más de cinco. Ojalá tuviéramos una, dos o tres, pero no más de cinco», recalcó Bassa.
Luego de esa discusión, se espera que se presenten las propuestas a la secretaria de la mesa para después ser convocados a votar a las 15:00 horas. «La propuesta que obtenga la mayoría absoluta de los votos emitidos será la declaración de la Convención», recalcó el convencional.
En esa línea, propuso recurrir al mismo sistema que se utilizó el domingo para la elección de la presidencia y vicepresidencia del órgano. En ese momento, recalcó que habrán dos votaciones, y que si no hay mayoría absoluta en ellas, no se emitirá declaración alguna y se suspenderá el tema.
«A las 16:00 esto estará zanjado, haya declaración o no», advirtió, junto con admitir que esta regla de cierre “puede ser compleja, pero genera incentivos para el dialogo. Si luego de la segunda votación no hay mayoría absoluta, no habrá declaración. Se suspende para la próxima semana”, enfatizó.
DETALLES DEL DEBATE
Una vez que Loncon dio inicio al debate, el primero en tomar la palabra fue el convencional independiente de la Lista Asamblea Popular Constituyente, quien dijo que hoy «hay un grave problema institucional, uso de montaje, violencia y tortura y se aplican penas desproporcionadas», declarando que «en Chile si hay presos políticos».
Su postura fue refrendada por María Rivera (Lista del Pueblo) e Ignacio Achurra (CS), quien sostuvo que “en señal de reconciliación, se debe aprobar una ley de indulto». Tras ello, fue el turno de la primera voz de Vamos Chile, a través de Margarita Letelier, quien advirtió que a la Convención “no nos compete discutir sobre presos políticos”.
Dicha postura fue rebatida por Giovana Roa (RD), quien destacó que «este proceso es fruto de la revuelta social», línea que posteriormente fue enfatizada por Fernando Atria (FA), quien recalcó que «la revuelta de octubre es el origen del Proceso Constituyente. Ante eso, es un deber pronunciarse al respecto».
«La Convención se debe a los presos de la revuelta», añadió el abogado, junto con recordar que “hoy todos celebran el proceso constituyente, pero es incoherente celebrarlo y al mismo tiempo pretender sin más como delitos a hechos que lo hicieron posible. Esos hechos fueron necesarios por la incapacidad de los poderes constituidos”.
«Por eso, por haber sido necesario el estallido para abrir el proceso, los poderes constituidos deben asumir su responsabilidad y para eso deben enfrentar el problema de los presos de la revuelta», recalcó, generando una ovación en buena parte del hemiciclo donde se estaba dando el debate.
Sin embargo, también hubo otras posturas. Por ejemplo, Bernardo de la Maza (IND-Vamos Chile) destacó que «la votación de hoy tiene total pertinencia. Si fueran mis hijos estaría indignado protestando. Ahora, considero que las sanciones son responsabilidad de los poderes legislativos y judiciales, no nosotros«.
Esa postura luego fue profundizada por Agustín Squella (IND-PL), quien indicó que «es evidente que las personas que están privadas de libertad lo más probable es que estén en situaciones muy distintas, entonces no procede que el sector conservador del país repruebe a todos los privados de libertad».
«Pero tampoco procede que otro sector del país aplauda y absuelva a todas esas personas sin conocer la situación particular de cada una de ellas. No es lo mismo derribar una luminaria, que incendiar una iglesia, un recinto universitario o quemar el museo dedicado a Violeta Parra. Hay situaciones distintas», afirmó.
Asimismo, advirtió que «ni siquiera sabemos cuántos presos políticos hay en Chile, los organismos oficiales todavía no se ponen de acuerdo«, generando aprobación en los sectores de derecha.
De hecho, Harry Jürgensen (RN), le cedió uno de sus dos minutos para que culminara su presentación.
Una visión distinta planteó Fuad Chahín (DC), quien aseveró que como Convención “no nos podemos pronunciar porque no conocemos los antecedentes, los contextos de cada caso. Pienso que podríamos pronunciarnos para que se agilice la tramitación de estos casos».
Otra intervención que llamó la atención fue la de Arturo Zúñiga (UDI), luego de recordar que «el mandato es claro: redactar una nueva Constitución. Hemos hecho el soberano ridículo. Debemos empatizar por aquellos a quienes les quemaron los negocios. ¿Por qué hacemos esa diferencia entre ciudadanos?».
No obstante, la mayoría del pleno insistía en el deber de discutir el tema. Roberto Celedón (Apruebo Dignidad) sostuvo que «el fin del derecho es la paz social. Y estamos convocados a hacer una nueva Constitución. La Constitución tiene esa virtud, construir los fundamentos del nuevo Chile basado en la paz social y no podemos abstraernos de la realidad de nuestro país».
PRIMERA VOTACIÓN SIN MAYORÍA ABSOLUTA
Tras largas horas de trabajo, finalmente la sesión retomó para votar las dos propuestas sobre la declaración ingresadas por constituyentes. (Chile Vamos presentó una, pero la retiró después).
Pero la instancia volvió a ser suspendida por media hora para que los convencionales pudiesen interiorizarse de las propuestas.
Al final se pusieron en votación de forma simultánea las dos propuestas, pero ninguna logró conseguir la mayoría absoluta de 78 votos, por lo que se procedió a avanzar en un segundo proceso de sufragio.
La primera propuesta realizada por convencionales agrupados en partidos políticos concitó 52 votos; la segunda, de la Lista del Pueblo y representantes de pueblos originarios, logró 49 apoyos; 34 convencionales rechazaron ambas y 16 se abstuvieron.
REUNIÓN DE PAROT CON LA MESA
Durante esta jornada, además, se llevó a cabo una reunión entre personeros de la Segpres, encabezados por el ministro Juan José Ossa, la nueva secretaria ejecutiva de la Convención, Catalina Parot y la mesa del órgano constituyente.
En el encuentro se definieron los primeros lineamientos de trabajo en conjunto. Uno de ellos será la búsqueda de expertos que puedan traducir las actas de las sesiones en las lenguas de los distintos pueblos originarios que son parte de la instancia.
SEGUNDA VOTACION LOGRA MAYORÍA CON 105 SUFRAGIOS
Un día clave se vivió este miércoles durante la segunda sesión de la Convención Constitucional que trabaja en el exCongreso Nacional. El órgano fue convocado para discutir una eventual declaración sobre los detenidos del 18/0 y presos del conflicto en La Araucanía.
Justamente esta había sido una de las solicitudes que habían surgido por integrantes de la Lista del Pueblo y de pueblos originarios durante la investidura del cargo realizada el domingo pasado, cuando la sesión debió ser suspendida producto de manifestaciones en las cercanías del edificio del Parlamento en Santiago.
Si bien al principio hubo dispersión de la izquierda, que presentó dos propuestas de declaraciones distintas, al final lograron ponerse de acuerdo y apoyar una de ellas formulada por los convencionales que pertenecen a partidos políticos, en desmedro de la propuesta por la Vocería de los Pueblos y miembros de los pueblos originarios.
La jornada comenzó cuando la mesa directiva de la instancia, liderada por la presidenta Elisa Loncon y el vicepresidente Jaime Bassa, destinó dos horas para que el pleno deliberara sobre la procedencia de dicha declaración.
Tras largas horas de trabajo, finalmente la sesión retomó para votar las dos propuestas sobre la declaración ingresadas por constituyentes de izquierda. Chile Vamos presentó una, pero la terminó retirando después.
Tras una serie de suspensiones, al final se pusieron en votación de forma simultánea las dos propuestas, pero ninguna logró conseguir la mayoría absoluta de 78 votos, por lo que se procedió a avanzar en un segundo proceso de sufragio.
La primera propuesta realizada por convencionales agrupados en partidos políticos concitó 52 votos; la segunda, de la Lista del Pueblo y representantes de pueblos originarios, logró 49 apoyos; 34 convencionales rechazaron ambas y 16 se abstuvieron.
Como no se logró la mayoría absoluta, se volvió a votar, donde finalmente 105 convencionales apoyaron la declaración 1, 34 en contra y 10 abstenciones.
La sesión de este jueves se dio, además, en medio de críticas de convencionales de Vamos por Chile, luego de que el miércoles se acordara ampliar la mesa ejecutiva a nueve integrantes y la creación de comisiones de trabajo.
La misiva aprobada por la instancia -de dos páginas- establece que “hoy resulta fundamental para un proceso democrático y una verdadera paz social para los pueblos, que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y de equidad para que el proceso histórico que atravesamos funcione adecuadamente y sea reconocido como legítimo por los pueblos y naciones de Chile”.
Se agrega que “la Convención Constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política”.
Además, que “la violencia que acompañó los hechos de Octubre fue consecuencia de que los poderes constituidos fueron incapaces de abrirnos una oportunidad para crear una Nueva Constitución y hoy que estamos comenzando el trabajo de la convención deben hacerse cargo de aquello”.
Dentro de las “demandas” que plantearon en el documento están “respecto del Proyecto de Ley de Indulto General (Boletín N°13.941-17) en la Comisión de Constitución del Senado, su tramitación con la máxima celeridad”.
Como segundo punto exigen “al Poder Ejecutivo dar suma urgencia legislativa al Proyecto de Ley de Indulto General (Boletín N°13.941-17) y al Proyecto de Ley de Reparación a Víctimas de Derechos Humanos (Boletín N°13.854-17). Así como el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado”.
También solicitan “la inmediata desmilitarización del Wallmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche. Que el indulto, en el caso de las Regiones del Bio Bio, Araucanía, Los Lagos y Los Ríos sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuche”.
Por otro lado demandaron “en el Proyecto de ley Boletín 13715-17, apoyar una indicación que disponga la aplicación directa y obligatoria del Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT (…) especialmente en lo relativo al conocimiento de situaciones calificadas de delitos y que constituyan ejercicio de derechos territoriales, culturales, y políticos y a la aplicación preferente y obligatoria de penas distintas a la privación de libertad”.
Además, exigieron que “el Ministro de Justicia y DDHH concluya el proceso de modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y garantice los derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena, y aplique a su respecto de manera inmediata las disposiciones contenidas en el convenio 169 de la OIT y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas”.
El último punto dice relación con “la implementación de una política robusta de justicia, que contribuya a la reparación integral de los perjuicios y los daños sufridos, de forma individual y colectiva, para quienes han sido víctimas de persecución, prisión política y vulneración sistemática a los derechos humanos”.
Para cerrar el texto de con que “nos comprometemos a crear en la Nueva Constitución los mecanismos pertinentes y necesarios para que no se vulneren nuevamente los Derechos Humanos de todas y todos los pueblos y una garantía de no repetición de los hechos”. (Emol-La Tercera)
