Tras el revuelo causado a nivel de todos los tres poderes del Estado por las sorpresivas declaraciones de la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, sobre el ámbito de aplicación del fallo por tabla de factores de las isapres –donde señaló que las devoluciones solo se aplicarían a los afiliados que demandaron a las aseguradoras- ayer lunes, en el “día después”, las máximas instancias del máximo tribunal desplegaron acciones para deslindar atribuciones y aclarar las responsabilidades respecto de este dictamen.
Quien primero fijó posiciones fue el presidente de la Suprema, Juan Eduardo Fuentes, quien apuntó directamente a las implicancias institucionales de los dichos de la ministra Vivanco: “Esas son declaraciones personales de ella, así que cualquier explicación le corresponde a ella”.
De esta manera, acotó el ámbito de los juicios formulados por Vivanco, quien en una entrevista a La Tercera este domingo indicó que “los excedentes que las isapres tienen que devolver son a las personas que demandaron. Lo que sí, el resto de los afiliados, a partir de este fallo, pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante”.
Estas palabras establecieron un marco totalmente diferente para todos los actores involucrados en la crisis que afecta a la industria y generaron inmediatas repercusiones entre altas autoridades de Gobierno y del Parlamento, quienes manifestaron su sorpresa ante la formulación de estas precisiones de un aspecto fundamental de la aplicación del dictamen de la Tercera Sala a más de seis meses de su promulgación, y a menos de una semana de que el pleno de 20 ministros de la Corte Suprema analizó algunas de sus implicancias sin hacer referencia a este punto.
Consultado por las diferencias entre esas declaraciones y el pronunciamiento formulado anteriormente por la propia ministra Vivanco en cuanto a que el fallo por tabla de factores tenía un alcance general para los afiliados, Fuentes se limitó a señalar que “no voy a hacer ninguna crítica a la ministra, porque no me corresponde”.
PRECISIONES DE VIVANCO
Poco rato más tarde, la propia ministra Vivanco se alineó con lo señalado por Fuentes precisando que sus declaraciones tenían carácter personal. “Solo di mi visión dentro de una entrevista que tenía otra temática; no puedo decir que es la interpretación correcta del fallo porque, la interpretación la da la Sala, no yo”, manifestó en una breve respuesta a consultas de la prensa.
Ante la consulta respecto de si sus juicios correspondían a un cambio de criterio en relación al fallo, la ministra contestó escuetamente: “no, ninguno”.
PLENO FIJO POSICIONES
Otro ámbito que abordó al mediodía de ayer lunes el presidente de la Corte Suprema fue el de las próximas determinaciones que adoptará el máximo tribunal en relación al fallo. Al respecto, el ministro Fuentes precisó que éste es un tema “absolutamente de la tercera sala de la Corte Suprema, y es a esa sala a la que corresponde emitir cualquier pronunciamiento al respecto”.
Luego, y tras una reunión realizada en la tarde de ayer, el Pleno de la Corte Suprema ratificó esa posición tras analizar “las diferentes aristas de la causa de isapres” y determinar que “sigue siendo una materia jurisdiccional que debe conocer y fallar la Tercera Sala”.
“Estuvimos analizando el fallo respecto de las isapres y llegamos a la conclusión que es una resolución y un asunto que corresponde por competencia a la Tercera Sala, de modo tal que el Pleno no tiene competencia para pronunciarse sobre este fallo”, dijo Juan Eduardo Fuentes a través de una declaración.
BENEFICIADOS
Las declaraciones de la ministra Ángela Vivanco en relación a una aplicación acotada del fallo sobre tabla de factores, activó la atención sobre el universo de los afiliados que se vería beneficiados por las devoluciones.
A la fecha, y con un marco de aplicación general, el Ejecutivo ha estimado en sus cálculos para la ley corta un total de 725 mil contratos, según recordó este lunes el Superintendente de Salud, Víctor Torres, tras intervenir ante la Comisión sectorial del Senado. Cabe señalar que sobre la base de esta interpretación del fallo con alcance para todo el sistema, el Ejecutivo estimó que el monto global de los recursos que las isapres deben devolver a los afiliados por los cobros en exceso por tabla de factores realizados por sobre el parámetro vigente desde abril de 2020 suma $ 1,12 billones (unos US$ 1.400 millones).
«Es necesario poder clarificar elementos como si es que efectivamente esto es solamente respecto de las personas que han recurrido a la justicia y, por lo tanto, necesitamos saber quiénes son», dijo Torres.
Si la interpretación del fallo efectivamente estuviera acotada a las personas que demandaron a su isapre por tabla de factores, el conjunto se limitaría a 117.547 casos, estimó la Fundación Politopedia, a partir de los recursos de protección presentados ante las Cortes de Apelaciones del país vinculados a la judicialización por tabla de factores.
“Este es un escenario relativamente nuevo, que se generó durante la pandemia, después de la publicación de la circular 343 por parte de la Superintendencia de Salud. Este fenómeno se produjo en un contexto donde los precios de los planes estaban congelados producto de la crisis sanitaria y la judicialización por esta vía fue rechazada”, explicó Victoria Beaumont, directora de Fundación Politopedia.
Aclaró que esa cifra de ingresos corresponde a toda la judicialización por este concepto, por lo cual para tener el número exacto de los contratos que podrían tener devoluciones, “será necesario actuariar cada caso y ver cómo fue resuelto a través de la judicialización. Por ello, es probable que el número sea menor a los ingresos totales por esta materia”, indicó. (DF)
