Blindada por el Gobierno y aún en el desempeño de sus funciones. Esa es la posición en la que se encuentra, por estos días, la jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Francisca Moya, quien ayer reconoció que estaba al tanto de la inhabilidad que pesaba sobre la ex ministra de Defensa, Maya Fernández, y de la ex senadora, Isabel Allende, para firmar la venta de la casa de Guardia Vieja.
Moya acudió ayer a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que busca esclarecer cómo se desarrolló el proceso y apuntar a eventuales responsabilidades. La idea era conocer, en su caso específico, cómo fue el proceso para visar el decreto que permitía la adquisición del inmueble.
Lo anterior, porque la parte vendedora tenía una inhabilidad para celebrar contratos con el Estado, lo que, según expresaron los parlamentarios, debió ser detectado en la Segpres, específicamente en la división que lidera la funcionaria.
Moya dijo que en su división se hicieron parte del proceso de adquisición de la vivienda «solo en la etapa relativa al decreto supremo 38, y no fuimos parte ni de los análisis anteriores ni posteriores, por lo tanto, no me puedo referir a los análisis que hayan revisado otros equipos a cargo».
Asimismo, dijo que respecto de la legalidad de ese acto en particular «nuestra evaluación es que se ajustaba a derecho y por eso fue suscrito por el Presidente de la República».
Añadió que «yo, efectivamente, al igual que mi equipo conocía la norma, ambas normas, pero como ya hemos explicado, a nosotros nos toca una tarea muy específica, nosotros realizamos solo las labores que nos corresponde, que es la revisión de la legalidad de los actos que firma el Presidente, y las normas que señala la diputada (Labra) no están referidas a ese acto en particular, y como señalaba antes, es un acto unilateral de la administración».
Posteriormente, el diputado Andrés Longton, presidente de la instancia, comentó que «entonces usted conocía de la inhabilidad de la ministra y la senadora», a lo que Moya respondió: «efectivamente, señor presidente».
Al ser consultada por si se lo advirtió al Presidente Boric, la funcionaria insistió en que la revisión a su cargo era de «un aspecto muy específico».
Hasta el momento, el Gobierno ha blindado a la funcionaria y ha descartado su salida pese a que ya se han comenzado a replicar las peticiones para que ello ocurra. Moya se incorporó a la Segpres cuando el exministro Giorgio Jackson estaba al frente de la cartera.
De hecho, mantiene una amistad de más de una década con el Presidente Boric, según él mismo contó en febrero de 2019 en su Instagram, cuando era diputado. También comentaba que Moya «es de las personas más importantes que he tenido la suerte de conocer y la quiero tanto que nunca soy capaz de demostrárselo completamente».
EL ROL DE MOYA
Según destacan en la Segpres, Francisca Moya es abogada de la Universidad de Chile, Master en Derecho de la London School of Economics and Political Science, y candidata a doctora por la Universidad de Glasgow.
Trabajó como abogada asistente en el Tribunal Constitucional de Chile y como asesora en la División Jurídico-Legislativa de este Ministerio durante el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet. Adicionalmente trabajó como investigadora en el Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile y ha sido profesora invitada en diversas universidades.
En tanto, se especifica que a la División Jurídico-Legislativa le corresponde asesorar jurídicamente al Presidente de la República, cuando así lo solicite, para cuyo efecto podrá requerir informes a los Ministerios por orden del Presidente.
También le corresponde efectuar, sin competencia resolutiva, la revisión técnico legal y de coherencia global de los Decretos Supremos; participar en la elaboración de la agenda legislativa del Gobierno y en la revisión y estudio de los anteproyectos respectivos, pudiendo proponer opciones legislativas al Presidente de la República, previa consulta con el Ministro del Interior; hacer el seguimiento de los proyectos de ley en trámite parlamentario, y llevar un archivo de las iniciativas legales en trámite y de su estado de avance.
En su presentación en la Cámara, la funcionaria detalló que luego que cada ministerio elabora un decreto supremo, éste pasa -en formato papel- por la División Jurídico-Legislativo, «donde nosotros hacemos la evaluación técnico-legal, y una vez que la evaluación se ajusta al ordenamiento jurídico, y por lo tanto, consideramos que estamos en condiciones de que la revisión de la Contraloría sea de una toma de razón, los decretos son presentados al Presidente de la República para su firma.
Luego, los decretos son devueltos al sector, en físico, y es el que realiza el ingreso a la Contraloría para control de legalidad». Una vez que termina el trámite de control de legalidad externo por parte de la Contraloría, el decreto «es publicado en el diario oficial, o es comunicado cuando se trata de un interés particular», explicó.
Según profundizó, el rol consiste en «una revisión de que todas las normas jurídicas, por ejemplo, que están invocadas en un acto administrativo, estén referenciadas correctamente. Que todo acto administrativo que se dicta, tenga competencias para dictarlo, que las personas que suscriben un acto sean a quienes les corresponde suscribirlo».
No obstante, subrayó que «el no tener facultades resolutivas se parece a la idea de que nosotros no tenemos posibilidad de revisar mérito. Nosotros revisamos que el acto esté en condiciones de ser tomado de razón de Contraloría, y eso fue lo que hicimos en el caso del decreto 38».
«UNA CONTRADICCIÓN» Y «UN DESCRITERIO»
Consultado por los alcances del rol de la jefa de la División Jurídico-Legislativa -y la eventual responsabilidad de alertar por la inhabilidad de la entonces ministra y senadora-, Francisco Irarrázaval, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, comenta a Emol que «la normativa en Chile es bastante clara sobre los deberes que tienen los funcionarios públicos».
«Sobre esta materia, el Estatuto Administrativo señala que deben realizar un control permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal. Este control se extiende a cuatro aspectos: Eficiencia y eficacia de las actuaciones, legalidad de las actuaciones, y oportunidad», añadió.
Dicho lo anterior, el académico agrega que «es absolutamente claro que como jefa de la División, y estando en conocimiento de esta inhabilidad debería de haber informado de ello. Tanto es así que el propio Estatuto Administrativo atribuye responsabilidades a los funcionarios que no cumplan con esta obligación«.
En conversación con EmolTV, la abogada y exconvencional UDI, Constanza Hube, comentó que la División Jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, «son como el abogado del Presidente, que es el último control para verificar que lo que está firmando el Presidente de la República está conforme a la Constitución, o sea, es constitucional y es legal». En esa línea, señala que ese control «muy acotado» al que alude Moya, «no es tan así». «Tiene que asesorar jurídicamente al Presidente, y aparte del asesoramiento jurídico debiera decir, ‘Presidente, este decreto que usted va a firmar, en la práctica viene con o tiene una inhabilidad que puede hacer caer a su ministra y además que puede implicarlo en la causal de cesación del cargo a una senadora‘».
A juicio de Hube, si es cierto lo que afirmó Moya, «sobre que no levantó el punto porque no le correspondía, desde mi punto de vista creo que debiera renunciar por un problema de competencia, no tiene dedos para el piano. Y lo segundo también por un tema de descriterio, porque no puede decir una cosa como esa».
Por su parte, Cristian Riego, abogado y académico de la UDP, apunta a una «contradicción» en el actuar de la funcionaria. «Lo que sorprende es que ella dice que revisó la legalidad. Y sin embargo, ella sabía que era ilegal, o sea, eso es contradictorio. Porque si revisó la legalidad, era evidente que el concepto estaba fuera de la ley, porque dos de los firmantes tenían prohibición de hacerlo».(Emol)
