A la luz del revuelo que generó la decisión del juez Daniel Urrutia de beneficiar a reos de alta peligrosidad con videollamadas y visitas de sus familiares, en el mundo político se instaló el debate sobre revisar la Reforma Procesal Penal que entró en vigencia en todo Chile el 2005.
Desde el 2000 que se comenzó a aplicar el nuevo modelo de procesamiento de las causas judiciales penales, el cual cambió de un sistema inquisitivo a un esquema acusatorio, en el cual se dividen las funciones de investigar, procesar, y dictar sentencia en las causas.
Las primeras regiones en la que se implementó fue en Coquimbo y La Araucanía, y así se fue aplicando gradualmente a lo largo del país hasta que el 2005 comenzó a regir en la Región Metropolitana.
Entre las principales diferencias con el antiguo modelo también se encuentra que los juicios son orales y públicos, a diferencia de antes que eran escritos; se crea el Ministerio Público, donde los fiscales son los encargados de dirigir las investigaciones, formalizar y acusar a los imputados. También, se crea la Defensoría Penal Pública para otorgar defensa profesional a los que no pueden acceder a un abogado y los casos ya no están en manos de juzgados del crimen, sino que se crean los tribunales de garantía y los tribunales de juicio oral en lo penal.
El secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado, quien fue ministro de Justicia durante el primer Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, señaló en conversación con EmolTV que el juez Urrutia «ha tenido una conducta permanentemente excesivamente garantista, muy contraria a la actuación del Estado, a las fuerzas policiales y eso contamina sus decisiones, porque claramente es un juez visto más bien como un activista político dentro del Poder Judicial más que como un juez imparcial»
En esa línea, indicó que «Chile no puede seguir actuando con buenismo y con inocencia ante el crimen organizado». A su juicio, «no se puede seguir pensando como a principios de los 90, que aquí todo se trata de cuidar los derechos humanos y prácticamente el Estado no le puede hacer nada a nadie, ni poner restricciones a nadie porque va a atentar contra sus derechos, mientras tanto la seguridad de la sociedad se deteriora cada vez más».
Asimismo señaló que «el ordenamiento jurídico vigente se fue construyendo como una reacción a los excesos de la dictadura y fue generando cada vez más barreras, normas, protecciones con el interés de priorizar el debido proceso y los derechos humanos de las personas que se enfrentaban a la acción de la justicia. Se fue mellando demasiado la fuerza de Estado en materia de justicia. Muchas de las normas aprobadas en los últimos 30 años están impregnadas de un exceso de garantismo, de un exceso de benevolencia«.
En ese sentido, en su opinión la sociedad está siendo «castigada» por el «buenísimo de quienes han tenido la obligación de legislar, de los expertos que opinan desde sus oficinas sin la realidad de la calle y han generado un sistema de justicia cada vez más benévolo».
Para cerrar este asunto, Maldonado indicó que espera «contribuir en el programa de un futuro Gobierno a hacer una propuesta integral de fortalecimiento de las facultades del Estado para imponer orden, para sancionar los delitos y para llevar tranquilidad a la ciudadanía y eso parte por revisar el Código Penal, el Código Procesal Penal, la ley de responsabilidad penal adolescente», entre otras áreas.
El diputado oficialista Raúl Soto (PPD) fue más allá y no planteó «revisar» la reforma procesal penal, sino que directamente señalo que «llegó la hora de tirar a la basura la reforma procesal penal de 2005 y modernizarla desde la mirada y perspectiva del ciudadano y sobre todo desde la víctima«.
Según el legislador «necesitamos de forma urgente una nueva reforma procesal penal, un cambio estructural, una cirugía mayor al sistema judicial chileno, con una mirada pro víctima. Hay que robustecer nuestros sistema judicial y de persecución penal, hay que modificarlo. Llegó la hora de hacer un cambio de chip importante, de entender que la reforma procesal penal en su momento fue importante para modernizar la institución, pero que no está cumpliendo las expectativas de lo que se requiere hoy en materia de justicia».
Agregó que «se requiere una reforma estructural. Una revisión de las penas en el Código Penal, robustecer sanciones en delitos graves y en nuevos delitos, modernizar el sistema penitenciario, eso es urgente pues tenemos una crisis carcelaria que debe ser enfrentada, etcétera».
«El desafío es grande, pero hay que enfrentarlo con sentido de urgencia porque de lo contrario lo que ocurre es que las instituciones se siguen deslegitimado para la ciudadanía», cerró Soto.
Una opinión distinta compartió la secretario general de la UDI, María José Hoffman, quien no es partidaria de realizar una reforma en la materia, ya que a su juicio «no puede ser que cada vez que tengamos un problema vayamos a hacer cambios estructurales».
«Una reforma me parece algo muy grande, pero sí hay que hacer una evaluación de cómo ha funcionado la reforma procesal penal, entiendo que cumplimos 20 – 22 años ya de la implementación y se tiene que revisar. Pero acá el problema no son las faltas de atribuciones que tienen los jueces, el problema muchas veces es el criterio de los jueces», acotó.
Finalmente señaló que «uno cuando tiene un juez que toma malas decisiones, no hay ley o reforma que pueda corregir este tipo de errores (…) no creo que haya una reforma que pueda combatir el descriterio que hemos visto por parte de este juez». (Emol)
