El apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad volvió al centro del debate público luego de la encerrona ocurrida en San Bernardo que terminó con la muerte de un niño de 12 años. La situación reactivó llamados desde distintos sectores políticos para evaluar una mayor participación militar frente al crimen organizado y la delincuencia.

Entre quienes respaldan esta alternativa está el alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien planteó la necesidad de contar con apoyo de las Fuerzas Armadas debido a sus capacidades, recursos y preparación. También desde el Partido de la Gente se ha impulsado la idea de ampliar su colaboración con las policías en zonas consideradas de mayor complejidad.

La bancada del PDG presentó una solicitud para que el Ejecutivo avance en un marco legal que permita a las Fuerzas Armadas apoyar estratégicamente a Carabineros y la Policía de Investigaciones mediante labores como protección de infraestructura crítica, apoyo logístico y presencia en sectores determinados.

POSTURA DEL GOBIERNO

Desde el Gobierno han descartado, por ahora, un despliegue militar permanente para labores habituales de seguridad pública. Autoridades del Ejecutivo han señalado que la prioridad está puesta en fortalecer el trabajo policial y mantener la participación de militares dentro de situaciones excepcionales establecidas por la normativa vigente.

El ministro de Defensa, Fernando Barros, sostuvo que existen escenarios especiales donde puede justificarse el apoyo de las Fuerzas Armadas, pero advirtió que extender su presencia al control cotidiano de zonas urbanas implicaría modificar criterios establecidos en el marco constitucional.

La discusión también generó comparaciones con las propuestas planteadas durante la campaña presidencial de José Antonio Kast, cuyo programa contemplaba entregar respaldo jurídico y político a policías, Fuerzas Armadas y Gendarmería para enfrentar problemas vinculados al orden público y la seguridad.

PROPUESTA DE POLICÍA MILITAR FRONTERIZA

En medio del debate, el Ejecutivo analiza alternativas para incorporar capacidades militares en materia de seguridad, entre ellas la creación de una eventual policía militar fronteriza destinada a reforzar el control en zonas limítrofes del país.

Parlamentarios de distintos sectores valoraron la posibilidad de avanzar en una institución de este tipo, aunque coincidieron en la necesidad de establecer claramente sus funciones, atribuciones y límites.

El diputado Raúl Leiva (PS) recordó que la idea ya había sido planteada anteriormente como una reforma constitucional y explicó que buscaría entregar al Ejército una especialización en control fronterizo, similar al rol que cumple la Armada en el ámbito marítimo.

Desde el Partido Comunista, el diputado Marcos Barraza sostuvo que cualquier fuerza destinada a cumplir labores policiales sobre población civil debe contar con preparación adecuada, normas de actuación definidas y subordinación al poder civil.

En tanto, legisladores del PDG y sectores oficialistas afirmaron que una policía militar fronteriza podría contribuir al combate de la migración irregular, el crimen organizado y permitir que más funcionarios policiales sean destinados a labores de seguridad en zonas urbanas.

ADVERTENCIAS DE EXPERTOS

Especialistas en seguridad señalaron que cualquier ampliación del rol de las Fuerzas Armadas debe considerar las diferencias existentes entre la preparación militar y las funciones policiales.

El académico Fernando Wilson sostuvo que las instituciones castrenses no cuentan necesariamente con la estructura ni el personal suficiente para asumir labores permanentes de orden público, por lo que planteó que podría ser más eficiente fortalecer las capacidades de Carabineros en materia fronteriza.

Por su parte, el experto Diego Hernández afirmó que una policía militar fronteriza podría transformarse en un complemento útil, siempre que exista una delimitación precisa de sus facultades y una formación acorde a las tareas que debería cumplir.

Ambos especialistas coincidieron en que las Fuerzas Armadas tienen una doctrina distinta a las instituciones policiales, por lo que cualquier modificación debe resguardar tanto la seguridad ciudadana como el correcto funcionamiento de las instituciones involucradas. (NP-ChatGPT-Emol)