La propuesta del Gobierno encabezado por José Antonio Kast de reinstalar la invariabilidad tributaria como parte del plan de reconstrucción abrió un intenso debate entre economistas, académicos y exautoridades. La iniciativa busca establecer reglas impositivas estables por hasta 25 años para inversiones superiores a US$50 millones, con el objetivo de incentivar el ingreso de capitales y reactivar la economía .
El mecanismo, que tuvo precedentes en el derogado DL 600, es visto por algunos expertos como una herramienta útil para entregar certeza jurídica en un contexto de mayor incertidumbre regulatoria. Desde esta perspectiva, se plantea que la estabilidad en las reglas del juego es clave para impulsar proyectos de largo plazo, especialmente en sectores como la minería y grandes inversiones productivas .
Sin embargo, otras voces cuestionan tanto su pertinencia como su diseño. Entre las principales críticas se encuentra el riesgo de rigidizar la política fiscal, limitar la capacidad del Estado para ajustar impuestos en el futuro y otorgar beneficios que no necesariamente se condicen con el tamaño de las inversiones consideradas .
El debate también se centra en el umbral propuesto de US$50 millones, que algunos consideran adecuado para proyectos relevantes, mientras otros estiman que es insuficiente para justificar un compromiso de estabilidad tributaria de largo plazo. A esto se suma la discusión sobre el contexto actual del país, donde algunos expertos sostienen que Chile ya cuenta con niveles de certeza institucional mayores que en décadas anteriores .
En este escenario, la propuesta ha dividido opiniones entre quienes la consideran un instrumento clave para recuperar la confianza inversionista y quienes advierten que podría generar más costos que beneficios para la sostenibilidad fiscal y el manejo económico del país. (NP-CHatGPT-Emol)