El Presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio por terminadas las conversaciones con varios grupos armados ilegales iniciadas durante la administración de su antecesor, Gustavo Petro, y revocó las acreditaciones otorgadas a representantes gubernamentales y delegados de esas organizaciones para participar en los procesos de diálogo.

La decisión quedó establecida en una serie de resoluciones emitidas por el Ejecutivo, que afectan los denominados espacios de conversación sociojurídica abiertos durante el gobierno anterior y que, según la nueva administración, no consiguieron avances suficientes.

El Gobierno fundamentó la medida en las atribuciones constitucionales del Presidente para determinar cuándo, cómo y con qué organizaciones se desarrollan conversaciones de paz. Las resoluciones argumentan una “ausencia de voluntad de paz” por parte de los grupos involucrados.

Entre las organizaciones afectadas se encuentra el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio comandante Gentil Duarte, comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes (EMBF), además de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).

El EMBF formó parte del Estado Mayor Central (EMC), considerado una de las principales disidencias surgidas de las antiguas FARC. En 2024 se separó de esa organización debido a diferencias relacionadas con la continuidad de las negociaciones con el gobierno de Petro.

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en tanto, surgió tras divisiones dentro de la denominada Segunda Marquetalia y está integrada por organizaciones como la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de Frontera.

Una de las resoluciones sostiene que distintos acontecimientos debilitaron las conversaciones entre el Estado y la CNEB, impidiendo al Gobierno constatar una voluntad efectiva de paz y de reinserción a la vida civil por parte de la organización armada.

Junto con poner término a las mesas, la Presidencia revocó las credenciales de los negociadores gubernamentales y retiró el reconocimiento concedido a los representantes de los grupos armados que participaban en las conversaciones.

Entre los afectados se encuentra Armando Novoa, quien encabezaba la delegación gubernamental en el diálogo con la CNEB. El exnegociador calificó la resolución como innecesaria y señaló que los representantes ya habían presentado su renuncia irrevocable el 6 de agosto, un día antes de que De la Espriella asumiera la Presidencia.

Las decisiones marcan un nuevo distanciamiento respecto de la política de “paz total”, una de las principales iniciativas impulsadas por Gustavo Petro durante su mandato para buscar salidas negociadas con organizaciones guerrilleras, disidencias y estructuras criminales.

La estrategia enfrentó sucesivos obstáculos durante la administración anterior. Los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central llegaron a ser suspendidos por el propio Petro, quien también cuestionó la falta de voluntad para alcanzar acuerdos.

El proyecto contemplaba además conversaciones con diferentes disidencias de las FARC y mecanismos para el sometimiento a la justicia de organizaciones criminales como el Clan del Golfo, aunque los procesos tuvieron resultados limitados.

De la Espriella ya había anticipado antes de asumir la Presidencia un cambio de orientación frente a los grupos armados. El Mandatario aseguró entonces que su administración no realizaría concesiones similares a las ofrecidas durante el gobierno anterior.

Durante su discurso de investidura, el Presidente afirmó además que consideraba agotada la alternativa del diálogo con las organizaciones armadas ilegales, posición que ahora se concreta con el cierre formal de varias de las mesas heredadas de la administración Petro. (NP-ChatGPT-Cooperativa-Agencias)