De cara al Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, la DC presentó este lunes una serie de propuestas para reformar la nueva Constitución, «apenas el texto entre en vigencia».
El partido que está por Apruebo, argumentó que «junto con apoyar al texto de nueva Constitución, la Democracia Cristiana también es consciente de que hay materias que no quedaron bien resueltas y que requieren de modificación», dando cuenta de aquellas materias en donde creen que se requieren reformas.
El presidente de la DC, Felipe Delpin, destacó que hay elementos del textos que son parte «de la lucha histórica de la DC», afirmando que «no queremos ponerle apellidos, aprobamos simplemente marcando Apruebo ese día 4 de septiembre en la papeleta».
Sin embargo, explicó que con el aporte de abogados constitucionalistas DC, parlamentarios, la mesa y de consejeros nacionales del partido, «queremos hacer una propuesta y un llamado a que después del 4 de septiembre, después del triunfo del Apruebo, podamos hacer correcciones a este nuevo texto«.
«Hay elementos que nos parecen que deben ser mejorados. Nosotros tenemos una propuesta de 14 puntos que queremos proponer, haciéndonos también la pregunta y la reflexión, cómo tenemos una Constitución que una mucho más a los chilenos, una Constitución que permita que avancemos hacia el futuro», sostuvo.
Asimismo, el diputado Alberto Undurraga expresó que «estamos convencidos que una parte importante de chilenos y chilenas quieren votar Apruebo, pero quieren tener certeza de que algunas cosas van a ser reformadas».
Con ello, acotó Undurraga, que «el sentido de nuestra propuesta es contribuir a un acuerdo que se haga antes del 4 de septiembre para poder señalar: Estas son las cosas que queremos que se cambien de la nueva Constitución».
¿QUÉ PROPONE LA DC?
Las 14 reformas planteadas por la DC apuntan en primer lugar a reincorporar la iniciativa exclusiva del Presidente(a) de la República en materia de gasto fiscal. Y permitir la reelección del Mandatario y evaluar la extensión de su período a 5 o 6 años.
Además, se propone regular el sistema electoral en la Constitución para evitar la excesiva proliferación de partidos pequeños y cambiar la nomenclatura de «organizaciones políticas» por «partidos políticos».
Junto con ello, se habla de reincorporar el Estado de excepción de emergencia, aumentar las facultades de la Cámara de las Regiones para incluir la Seguridad Social, la regulación del agua y toda iniciativa que irrogue gasto. Incluso plantean que que se llame Senado de las Regiones.
Sobre este también se cree que la elección de la Cámara de las Regiones debe ser simultánea con la elección presidencial y del Congreso de Diputadas y Diputados.
Otro tema que abordan es el revisar las restricciones a la legítima comercialización de las autorizaciones de uso de agua, pero que el fin para el que se otorgó sea inamovible.
Asimismo, se dice que las autorizaciones de uso deben ser por un tiempo que permita el uso eficiente del agua y de los proyectos productivos. Junto con establecer requisitos para su otorgamiento, la ley deberá establecer formas claras de limitación que no den lugar a arbitrariedad de la administración.
Respecto a la restitución de tierras para los pueblos indígenas, se señala que el órgano encargado de dicho propósito podría ser creado por ley y en la designación de sus integrantes tengan participación otros órganos del Estado.
También proponen revisar la integración de la Corte Constitucional, ya que se mantiene la designación de tres ministros por parte del Presidente de la República, sin contrapesos.
Por otro lado, se habla de evaluar los nombramientos del Consejo de la Justicia: Corte Suprema, TC, TCE y los TER. Y de permitir que otras autoridades tengan participación en el nombramiento de jueces y juezas para que esa atribución no se concentre únicamente en el Consejo, junto con revisar la integración del Consejo de la Justicia.
Otro tema abordado por la DC es la idea de examinar la reposición del control de constitucionalidad preventivo de los proyectos de ley, pero sólo por vicios de forma en la tramitación de la ley. Y evaluar el control preventivo de constitucionalidad de los tratados, considerando que luego tendrán rango constitucional.
El partido indica también el concordar la referencia al consentimiento de los pueblos y naciones indígenas aludida en el artículo 191, a los efectos de que el procedimiento de consulta previa se ajuste plenamente a lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, el regular con más detalle la justicia indígena en el texto constitucional, señalando que es de naturaleza voluntaria, que sólo se aplica a personas que forman parte de un mismo pueblo originario, y para determinar en qué materias sería competente. Y finalmente revisar el concepto de territorio indígena y explicitar solo tierras. (Emol)
