La decisión del Ministerio de Seguridad de invocar la Ley de Seguridad del Estado (LSE) en una causa por la agresión a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, abrió un nuevo frente judicial luego de que las defensas de los imputados cuestionaran la legalidad de la medida.
Los abogados de los acusados advirtieron que la cartera encabezada por Trinidad Steinert no tendría facultades para presentar este tipo de acciones, argumentando que dicha atribución corresponde exclusivamente al Ministerio del Interior o a delegados presidenciales.
La controversia surgió tras conocerse formalmente la ampliación de la querella durante una audiencia en la Corte de Apelaciones de Valdivia, instancia en la que las defensas señalaron que no habían sido notificadas oportunamente de la medida.
Ante esta situación, los defensores solicitaron un plazo adicional para impugnar la admisibilidad de la acción, argumentando que la falta de notificación no era atribuible a ellos. Sin embargo, el juez de garantía, Fabián Duffau, rechazó la petición al considerar que el plazo legal ya había expirado.
Frente a este escenario, la Defensoría Penal Pública anunció que recurrirá a la Corte de Apelaciones de Valdivia mediante un recurso de amparo, insistiendo en que validar la actuación del Ministerio de Seguridad podría sentar un precedente irregular.
Los abogados sostienen que permitir este tipo de acciones por parte de una entidad sin atribuciones legales podría derivar en decisiones desproporcionadas, como la eventual privación de libertad de los imputados, en un contexto que califican como jurídicamente cuestionable. (NP-ChatGPT-La Tercera)