La exministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, enfrenta cuestionamientos por presuntas omisiones en sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP) presentadas mientras integró el gabinete del expresidente Gabriel Boric.

Según antecedentes publicados por El Líbero, las declaraciones de la exsecretaria de Estado no habrían incluido a su suegra ni a todos sus cuñados, pese a que la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública establece que las autoridades deben informar a sus parientes por afinidad hasta segundo grado, categoría que considera precisamente a suegros y cuñados.

El reportaje sostiene que Vallejo sí incorporó en sus declaraciones a sus padres, hijos, hermanos, cónyuge y a uno de sus cuñados, pero dejó en blanco el apartado referido a otras posibles fuentes de conflicto de interés.

La publicación vincula esta situación con la sociedad médica “Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada”, dedicada a prestaciones oftalmológicas y conformada por familiares de su esposo, Abel Zicavo.

De acuerdo con información obtenida desde Mercado Público, la empresa habría acumulado órdenes de compra por más de $2.156 millones entre 2011 y 2026, de los cuales $1.209 millones corresponden al período del gobierno de Boric. La mayor parte de estas contrataciones provino del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán.

El medio también indicó que Abel Zicavo participó en la propiedad de la sociedad hasta 2018, año en que transfirió la totalidad de sus derechos a otros integrantes de su familia.

Consultadas por el reportaje, personas cercanas a Vallejo señalaron que la declaración fue rectificada mediante la plataforma oficial y que cumple con todos los requisitos legales. Sin embargo, según la publicación, al cierre de la investigación la versión disponible en el portal Infoprobidad aún no incorporaba a la suegra ni a todos los cuñados de la exministra.

La investigación además menciona que el oftalmólogo Raúl San Martín Geisse, vinculado familiar y societariamente con la empresa, habría participado en algunas comisiones evaluadoras de licitaciones adjudicadas a la sociedad y, en otros casos, figuraría como prestador subcontratado por la misma compañía.

El expresidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, afirmó que este tipo de omisiones no constituyen un aspecto meramente formal, ya que las declaraciones patrimoniales e intereses son herramientas destinadas a prevenir conflictos de interés y fortalecer la transparencia en el ejercicio de cargos públicos. (NP-ChaGPT-El Mostrador-El Líbero)