La decisión del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago de absolver al exministro Pablo Longueira, a Patricio Contesse, a Marco Enríquez-Ominami y a otros cinco imputados en el Caso SQM, tras once años de investigación, provocó una ola de críticas y cuestionamientos al Ministerio Público que trascendió las divisiones entre oficialismo y oposición. El veredicto, que implicó dejar sin culpables uno de los mayores casos de financiamiento irregular de la política, generó un «sabor amargo» en la sociedad, según señalaron los parlamentarios.
El senador socialista Alfonso De Urresti manifestó que la ciudadanía no puede entender un proceso que, después de una larga investigación, «se llega a nada», y afirmó que esto «compromete la credibilidad del sistema político». De Urresti instó al Ministerio Público a estudiar las acciones de nulidad para revertir la situación y dar una explicación pública sobre lo ocurrido.
En la misma línea, el senador democratacristiano Iván Flores cuestionó la efectividad del sistema judicial: «¿Cómo podemos insistirle a la ciudadanía que la ley es pareja para todo el mundo?». Flores exigió explicaciones no solo a otros ministerios por fallas recientes, sino también al Ministerio Público, lamentando que la investigación terminara «en nada, en absolutamente nada» después de casi diez años.
Desde el Partido Comunista, el diputado Matías Ramírez acusó que «la justicia ampara una red de corrupción que durante décadas influyó en las decisiones políticas», señalando que la absolución genera un «manto de protección a los corruptos de siempre». Ramírez recordó que Longueira no solo tramitó la invariabilidad tributaria de SQM, sino que también firmó contratos para esas empresas mientras era ministro.
La UDI, partido de Longueira, arremetió con una declaración pública criticando a la Fiscalía por haber actuado de «manera arbitraria, persiguiendo a inocentes y asumiendo como delitos actuaciones que no lo eran». El partido cuestionó la «idoneidad e imparcialidad de ciertos fiscales» y propuso introducir cambios legales para asegurar el principio de objetividad, el cual consideran «permanentemente violado».
En defensa de la labor del Ministerio Público, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, negó que el resultado constituyera una derrota y afirmó que la Fiscalía cumplió con su deber de desarrollar una investigación «seria, responsable» que sustentó una acusación. Perivancich lamentó el resultado y dijo que le llama «profundamente la atención» que en el voto de mayoría las magistradas no se hayan hecho cargo de la prueba rendida, la cual incluía «cientos de documentos tributarios falsos» y decenas de testigos que declararon que no prestaron los servicios.
La fiscal insistió en que el hecho de haber convencido a una magistrada de la suficiencia de la prueba y la convicción de que solo Contesse tuvo la decisión de aprobar pagos que configuraban delito tributario demuestra la solidez de la investigación, a pesar del resultado adverso en el voto de mayoría. (NP-Gemini-Emol)
