Uno de los diagnósticos más repetidos sobre la realidad chilena sostiene que vivimos una profunda crisis de confianza. Las encuestas muestran, de manera consistente, una disminución de la credibilidad en los partidos políticos, el Congreso, el Gobierno e incluso en otras instituciones que históricamente habían gozado de una mayor legitimidad. Sin embargo, reducir este fenómeno a un problema de confianza en los políticos resulta insuficiente. Lo que Chile enfrenta es algo más profundo, es una erosión de la confianza en las instituciones como mecanismos eficaces para resolver los problemas de la sociedad.
La confianza institucional no se construye únicamente sobre la base de la transparencia o la probidad, aunque ambas sean indispensables. También depende de la capacidad de las instituciones para cumplir aquello que prometen. Cuando las personas perciben que el Estado no logra responder oportunamente a sus necesidades, que las políticas públicas demoran años en implementarse o que las soluciones nunca llegan a materializarse, la desconfianza deja de ser un juicio sobre las autoridades y pasa a convertirse en una evaluación sobre el funcionamiento mismo de la democracia.
Durante las últimas décadas, buena parte de la respuesta política ha consistido en impulsar nuevas leyes, crear nuevas instituciones o aumentar las regulaciones. Existe una tendencia a pensar que cada problema público requiere una nueva norma. Sin embargo, la experiencia demuestra que la legitimidad institucional no depende de la cantidad de leyes aprobadas, sino de la capacidad del Estado para implementarlas de manera efectiva.
La ciudadanía difícilmente evalúa la calidad de una institución por el número de proyectos despachados o por la intensidad del debate legislativo. La evalúa por resultados concretos en la implementación de políticas públicas, si puede acceder a una atención de salud oportuna, si encuentra respuestas frente a la delincuencia, si los permisos para invertir no se transforman en un laberinto burocrático o si las políticas públicas cumplen con los objetivos para los cuales fueron diseñadas. En definitiva, las personas confían cuando las instituciones funcionan.
Este fenómeno plantea un desafío mayor para la política chilena. La discusión ya no debería centrarse exclusivamente en cuánto Estado necesitamos, sino en qué tipo de Estado somos capaces de construir. Un Estado moderno no se define únicamente por el tamaño de su estructura, sino por su capacidad para ejecutar políticas públicas con eficiencia, coordinar instituciones, evaluar resultados y responder con oportunidad a las demandas ciudadanas.
En este contexto, fortalecer la democracia exige desplazar parte del debate desde la producción normativa hacia la capacidad institucional. Gobernar no consiste solo en legislar, consiste, sobre todo, en hacer que las decisiones públicas produzcan efectos reales en la vida de las personas. Esa es la medida con que la ciudadanía juzga hoy a sus instituciones.
La recuperación de la confianza será consecuencia de un proceso sostenido en el que las instituciones vuelvan a demostrar que pueden cumplir sus compromisos, resolver conflictos y entregar certezas en un entorno cada vez más complejo. Bajo esta premisa Chile no enfrenta solo una crisis de confianza, enfrenta una crisis de capacidad institucional.
Quizás por eso, el desafío más importante para la política chilena en los próximos años no sea producir más leyes, sino recuperar la capacidad de hacer que las existentes se apliquen. Porque, al final del día, la confianza no se decreta, se consolida en la medida que las instituciones responden a su mandato y el Estado demuestra, con hechos que sigue siendo capaz de cumplir la promesa fundamental sobre la que descansa toda democracia, la construcción del bien común. (El Líbero)
Aldo Cassinelli