“Los acuerdos que Chile necesita”. La frase se ha convertido en una muletilla transversal, repetida por políticos, empresarios e intelectuales como si encarnara una virtud incuestionable. Suena sensata, moderada, madura. Pero en realidad, es una fórmula vacía. Nadie explica con claridad cuáles son los acuerdos, en qué consisten, sobre qué materias concretas se proponen, ni con quiénes se busca alcanzarlos. Y probablemente no lo hacen porque, si fueran honestos, sabrían que esos acuerdos simplemente no existen. No al menos entre fuerzas que representan proyectos de país radicalmente distintos.
Esta frase, aparentemente razonable, ha servido más bien para disimular la renuncia a tomar posiciones. Se ha convertido en una coartada para la indefinición, en una forma elegante de no decir nada. Peor aún: ha sido el punto de partido de una larga cadena de reformas mediocres, promovidas no por su mérito intrínseco, sino por la conveniencia política de llegar a “algo” acordado, aunque ese algo termine siendo perjudicial para el país.
La reciente reforma de pensiones es un ejemplo elocuente. Presentada bajo el rótulo de “acuerdo necesario”, propone un préstamo forzoso de dudosa devolución, una licitación de stock que, a juicio de Arturo Cifuentes, es probablemente la peor idea que se ha visto “en los últimos 20 años relacionada con los fondos de pensiones chilenos” y un incremento del rol del Estado en el sistema previsional cuyas consecuencias futuras aún no logramos dimensionar. Se juega con el ahorro ajeno como si fuera capital político sin explicar con honestidad los costos reales para el sistema ni para las futuras generaciones.
Pero este no es un problema nuevo. Los últimos 20 años -inaugurados por una más que discutible reforma constitucional- marcaron el inicio de lo que podríamos llamar la democracia de los malos acuerdos. Una sucesión de pactos transversales que solo han debilitado nuestras instituciones y erosionado nuestra cohesión social.
Ahí está la reforma educacional de Bachelet, promovida como una solución para igualar oportunidades, pero que no logró cumplir con su cometido y terminó socavando la calidad educativa. Se desarmaron los liceos emblemáticos, se restringió a los sostenedores privados y la posibilidad de crear nuevos colegios. El resultado: un sistema nivelado hacia abajo, impulsado por decisiones ideológicas con escasa evidencia y sin priorizar la excelencia ni la libertad de enseñanza.
La reforma al financiamiento universitario creó una paradoja: el Estado inyectó recursos históricos a las universidades, pero estas enfrentan un endeudamiento récord. La reforma electoral nos dejó un Congreso fragmentado, con más parlamentarios y más costos para los chilenos. Y la reforma tributaria de Bachelet, promovida también como “algo bueno para el país”, generó una disminución brutal de la recaudación no minera. Todas estas reformas tienen algo en común: se vendieron como consensos razonables, pero fueron el resultado de cálculos pequeños, donde algunos políticos obtuvieron visibilidad o poder, mientras el país asume los costos.
A los mismos intelectuales, empresarios y políticos que repiten con devoción la consigna de “los acuerdos que Chile necesita” cabe hacerles una pregunta simple: ¿por qué no se atreven a identificarlos con honestidad y claridad? ¿Por qué no hablan de la certeza jurídica que requieren los chilenos para sacar adelante sus proyectos sin depender de los caprichos del Consejo de Monumentos Nacionales o de absurdos lineamientos con “perspectiva de género” del Servicio de Evaluación Ambiental? ¿Por qué no se atreven a decir que necesitamos reducir la carga tributaria y poner freno al despilfarro del gasto estatal? ¿Por qué evitan proponer una reforma laboral que no sea un traje a la medida de los sindicatos, sino una herramienta efectiva para quienes buscan trabajo? ¿Y por qué nadie menciona la urgencia de transformar nuestro sistema penitenciario, colapsado y completamente superado por el crimen organizado? Si estos son los verdaderos acuerdos que el país necesita, ¿por qué eluden plantearlos?
Para que Chile tenga buenos acuerdos, primero debe haber buenas ideas sobre las cuales edificarlos, ideas que, por esencia, son controvertibles y deben probar su valía en el debate público y la sociedad civil, no en pactos cerrados. No se trata de perpetuar el contubernio entre partidos que se reparten cuotas de poder, priorizando mantener contentos y financiados a políticos de izquierda en detrimento de una dirección clara y coherente para el país. Chile no necesita más arreglos entre bambalinas; requiere un debate profundo, propuestas audaces y convicciones firmes que se impongan por su mérito en la opinión pública.
Reemplazar esta política de “los acuerdos que Chile necesita” por una política de acuerdos verdaderamente buenos implica recuperar el valor del disenso honesto. Implica tener el coraje de decirle al país no lo que quiere oír, sino lo que necesita saber. Y eso, aunque incomode a algunos, es el punto de partida de toda verdadera transformación. (La Tercera)
Juan Lagos
