El fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, dio una campanada. Durante el primer semestre de este año, en la Región Metropolitana aumentaron en 28% los secuestros respecto a igual período de 2024. Agregó que, con la llegada de la inmigración ilegal, sobre todo venezolana, cambió la criminalidad para peor y así vemos que el secuestro saltó del mundo narco al extorsivo, vinculado a víctimas chilenas del comercio sexual.
El ministro de Seguridad Luis Cordero procuró matizar, asegurando que esperarán las cifras semestrales de la Fiscalía, porque según sus datos, entre fines de enero y junio, los secuestros cayeron respecto al mismo período de 2024.
La verdad es que, a esta altura, entre balaceras y acribillados que no respetan colegios ni consultorios, no tiene sentido seguir matizando, sino que lo que debiera ser prioridad del Gobierno es revelar cuál es el plan para impedir que el crimen organizado siga debilitando las instituciones. Los casos de siete militares y cinco oficiales de la FACH, además de los 15 carabineros dados de baja por cobrarle a contrabandistas bolivianos por no controlarlos, son todos de la misma Región, Tarapacá, limítrofe con un productor mundial de droga. Eso solo debiera bastar para cambiar el “modo de avión” con que navegamos en las aguas del narcotráfico y de los “Trenes” de Aragua.
Pero lo que hemos visto es que, a pesar del aumento de la criminalidad y la inseguridad ciudadana, el Gobierno procura construir un escenario de tranquilidad, donde ellos llegaron al poder para devolvernos la estabilidad (que perdimos con ellos mismos). La vocera celebraba la gestión de dos años en La Moneda escribiendo una columna donde ponderaba cómo “en marzo de 2022 nos encontramos con un Estado que había abandonado su rol en seguridad”. Y exaltaba como logro el aumento del presupuesto en la persecución del delito.
El 11 de marzo último, el Presidente vuelve a destacar sus logros: “hemos dejado atrás la inestabilidad”, añadiendo: “Hemos fortalecido a nuestras policías. En el gobierno anterior, y creo que es importante decirlo, no hubo ningún aumento presupuestario para nuestras policías”. Aseguró que en tres años han logrado quebrar la curva de “los homicidios (que) estaban al alza”.
Puro manejo comunicacional. La verdad es que los homicidios vienen al alza desde 2021 cuando alcanzan su punto más bajo de los últimos cinco años (696); suben en 2022 a 934, vuelven a escalar a 962 en 2023 y llegan a su peak de la última década, en 2024, con 980 (datos del INE y el CEAD de la Subsecretaría de Prevención del Delito, contenidos en informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo, OCRIT, de la UAB). El secuestro, en cambio, descendió a 441 personas el año pasado, pero 2023 fue el año con el mayor registro desde 2014 (516 casos). De los 10 delitos vinculados al crimen organizado que analizó el OCRIT, siete están en un registro más alto que de 2018 hacia atrás.
El gobierno amaña las cifras porque incluye en el registro de los homicidios a los femicidios, aunque éstos no están propiamente en la dinámica delictual común. También fabula La Moneda con el aumento de presupuesto en seguridad. En su cuarta cuenta pública, el Presidente volvió a enfatizar el “aumento significativo de los recursos a las policías”… pero un estudio de LyD reveló que no es así. El gasto entre los años 2022 y 2024 es menor al que existía en 2019 y el alza del 9% responde a una recuperación parcial del gasto anterior que fue reducido por las necesidades de la pandemia. Es decir, no obedece a un aumento excepcional. De acuerdo a cifras oficiales (no rebatidas), el año pasado se ejecutaron en Orden y Seguridad menos recursos que en 2019 ($4.470 millones vs. $4.524 millones).
Otro dato importante que socava la estrategia de la “normalización” es que este gobierno resolvió usar en forma permanente a las FF.AA. como policías en la Macrozona Sur y en las fronteras del norte. Pero a pesar del mayor costo para ellas de la logística para atender las nuevas funciones, en este largo período han contado con menos recursos y Hacienda les podó el presupuesto 2025 para contener el exceso de gasto del Estado en otras áreas que prioriza. El experto en defensa, Richard Kouyoumdjian, escribió que mientras la Armada recibía un total de mil millones de dólares de presupuesto anual con Sebastián Piñera, con Gabriel Boric se reduce a menos de 700 millones.
El comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, explicaba en la comisión mixta de Presupuestos del Congreso en octubre último: “Se nos piden tareas extras, estados de excepción, etc.”, y explicó que “para los soldados de tropa, profesional, hay una planta de 7.000 soldados, que es lo que autoriza la ley, pero solamente se está financiando a 1.600”. Y lo mismo ocurre con los conscriptos, porque, aunque la planta registra 12.500, sólo hay financiamiento para la mitad.
¿Con qué recursos financieros y de tropa van a ir los uniformados por largos períodos a custodiar las fronteras inundadas de narcos con billetes y drogas? Incluso las remuneraciones de las FF.AA. son inferiores a las de la policía y Gendarmería. Eso seguramente no le preocupa a los que toman las decisiones, no desde parajes incómodos y lejanos a sus hogares, sino que desde sus confortables escritorios. A los militares a cargo de tan ingrata tarea con la migración criminal que nos inunda, debiera al menos proveérsele recursos suficientes para que roten, reciban buenos incentivos económicos y se les tomen exámenes de consumo de droga. Y el Ejecutivo, sin abandonar su zona de confort, debiera dar el ejemplo y los ministros, subsecretarios y el Presidente tomarse exámenes de pelo. No de orina, por supuesto, como lo ha dispuesto el Ejecutivo después que el Congreso lo exigiera en la última discusión del Presupuesto de la nación. (El Líbero)
Pilar Molina
