El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, cuestionó la forma en que el Gobierno presentó su reforma constitucional de seguridad y sostuvo que el Presidente José Antonio Kast debe fortalecer la coordinación política de su administración, especialmente antes de impulsar iniciativas que requieren el respaldo de una mayoría oficialista que calificó como frágil.

El senador afirmó que existió un error político y comunicacional en la elaboración y presentación del proyecto. A su juicio, el Ejecutivo no dimensionó adecuadamente la reacción que podían provocar medidas que entregan facultades extraordinarias al Presidente de la República y permiten extender un estado de excepción hasta por 240 días.

Cruz-Coke sostuvo que la ciudadanía mantiene una fuerte preocupación por la delincuencia y demanda mayores niveles de seguridad, pero advirtió que eso no significa que esté dispuesta a renunciar a sus libertades. En ese sentido, consideró equivocada la idea de que la seguridad pueda imponerse como un objetivo que justifique cualquier restricción de derechos.

El dirigente de Evópoli señaló que las reformas constitucionales deben evaluarse pensando no solamente en quién gobierna actualmente, sino también en las atribuciones que quedarían disponibles para futuros mandatarios. Bajo ese criterio, expresó reparos frente a facultades para intervenir comunicaciones o mantener poderes extraordinarios durante períodos prolongados.

La controversia también evidenció, según Cruz-Coke, diferencias dentro de la derecha. El senador distinguió entre sectores que cuentan con experiencia previa de gobierno y otros que todavía están aprendiendo que la conducción del Estado exige diálogo y acuerdos políticos antes de presentar los proyectos al Congreso.

Entre sus principales críticas apuntó a la falta de trabajo prelegislativo. Según indicó, no todos los ministros habrían tenido conocimiento suficiente de la iniciativa antes de su presentación y los partidos oficialistas recibieron información concreta solo poco antes de que el proyecto fuera ingresado.

Cruz-Coke mencionó en ese contexto a los ministros José García y Fernando Barros, mientras destacó el trabajo desarrollado en seguridad por Martín Arrau y su disposición posterior a moderar algunos aspectos de la propuesta.

El senador afirmó que el episodio deja la impresión de una falta de comunicación entre los equipos encargados de la gestión política y aquellos responsables de la estrategia comunicacional del Ejecutivo. A su juicio, habría prevalecido inicialmente la expectativa de que la reforma podía generar un efecto favorable en la opinión pública.

Sin responsabilizar directamente al director de Comunicaciones, Cristián Valenzuela, Cruz-Coke sostuvo que el problema supera el ámbito comunicacional y alcanza también a la conducción política, que debe impedir que iniciativas gubernamentales terminen convirtiéndose en costos autoinfligidos.

En ese escenario, planteó que Kast debe establecer procedimientos más claros para coordinar a sus ministros y a los partidos oficialistas. Según su análisis, el Presidente entrega actualmente amplios márgenes de autonomía a los integrantes de su gabinete y tiende a intervenir principalmente cuando las diferencias ya se han transformado en conflictos.

Cruz-Coke recordó controversias protagonizadas por los ministros Jorge Quiroz e Iván Poduje como ejemplos de las dificultades que puede producir ese esquema. Por ello, señaló que corresponde al propio mandatario definir una línea de funcionamiento que permita anticipar las discrepancias.

El presidente de Evópoli sostuvo que resulta especialmente importante fortalecer la coordinación entre el jefe de gabinete, Claudio Alvarado; el ministro José García y las colectividades que respaldan al Ejecutivo.

Aclaró, sin embargo, que sus observaciones no significan que Kast carezca de liderazgo. A su juicio, las dificultades forman parte del proceso de instalación de una administración que lleva pocos meses en el poder y que, pese a sus problemas de coordinación, ha conseguido aprobar iniciativas relevantes como la denominada megarreforma.

Cruz-Coke también advirtió que algunos sectores del Ejecutivo parecen conservar dinámicas propias de una campaña electoral. Según explicó, mientras durante una campaña resulta habitual enviar señales políticas para movilizar a los adherentes, gobernar exige convertir las propuestas en políticas públicas y construir previamente los acuerdos necesarios para aprobarlas.

En esa línea, afirmó que al Partido Republicano le falta experiencia gubernamental y sostuvo que Chile Vamos puede aportar precisamente ese conocimiento. Para el senador, la administración debería escuchar más a sus aliados y entregar mayor peso a la gestión política.

Respecto del contenido específico de la reforma, Cruz-Coke manifestó especial preocupación por la posibilidad de extender el estado de excepción durante 240 días, por las facultades extraordinarias contempladas para el Ejecutivo y por la regulación de determinadas restricciones de derechos mediante una ley orgánica.

El parlamentario señaló que, en las condiciones actuales, no está disponible para respaldar la iniciativa. Aunque se mostró dispuesto a participar en conversaciones con el Ejecutivo, sostuvo que el proyecto debe experimentar modificaciones sustantivas para conseguir apoyo.

Más aún, Cruz-Coke planteó que la agenda gubernamental contra la delincuencia puede avanzar sin necesidad de una reforma constitucional. En su opinión, el actual estado de emergencia, eventualmente acompañado de modificaciones legales más acotadas, podría entregar herramientas suficientes.

El senador valoró que el Ejecutivo haya manifestado posteriormente disposición a introducir cambios, pero insistió en que ese diálogo debió producirse antes de presentar formalmente la iniciativa.

Consultado sobre el debate respecto de una eventual orientación iliberal del Gobierno, Cruz-Coke diferenció entre la administración de Kast y el contenido de la reforma. Sostuvo que se trata de un gobierno conservador, pero rechazó definirlo como iliberal.

No obstante, reconoció que la propuesta se encuentra en el límite de lo compatible con determinados principios de las democracias liberales modernas. A su juicio, el rechazo transversal que generó dentro del propio oficialismo demuestra precisamente que existen contrapesos políticos capaces de frenar iniciativas de esa naturaleza.

Cruz-Coke afirmó que cualquier eventual intento por conducir al Ejecutivo hacia posiciones iliberales sería advertido y resistido por las propias fuerzas que integran la coalición gubernamental.

Pese a sus críticas, descartó plantear una eventual salida de Evópoli del Gobierno. Recordó que su partido decidió incorporarse a la administración con conocimiento de que conviviría con sectores más conservadores y sostuvo que las diferencias deben procesarse mediante el diálogo y no a través de amenazas públicas.

También rechazó que Chile deba seguir el modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Si bien consideró legítimo estudiar experiencias internacionales para mejorar el sistema penitenciario, advirtió que la administración salvadoreña presenta problemas graves en materia democrática y sostuvo que no constituye un modelo apropiado para el país.

El senador cuestionó además la propuesta formulada por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, de evaluar un plebiscito sobre la reforma, idea que posteriormente fue descartada. Para Cruz-Coke, abrir ese tipo de debates sin suficiente preparación genera nuevos flancos políticos innecesarios.

El dirigente concluyó que la controversia por la reforma de seguridad debe servir para corregir el funcionamiento del oficialismo. En su diagnóstico, el Gobierno necesita más diálogo previo, una coordinación política más robusta y procedimientos que permitan aprovechar sus mayorías parlamentarias sin asumir que sus aliados estarán disponibles para respaldar cualquier iniciativa. (NP-ChatGPT-La Tercera)