Cruch pide suspender aplicación de ley sobre fijación de aranceles de gratuidad

Cruch pide suspender aplicación de ley sobre fijación de aranceles de gratuidad

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Las 30 instituciones de educación superior que integran el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, de manera unánime, acordaron solicitar la suspensión de la aplicación de Ley 21.091 en lo que se refiere a la fijación de los aranceles de gratuidad y a la determinación de las vacantes máximas.

Solicitamos a la autoridad pertinente, que por el bien del sistema de educación superior, suspenda la aplicación de la ley en lo que se refiere a la fijación de los aranceles de gratuidad y a la determinación de las vacantes máximas por carrera para las universidades adscritas a este sistema”, señaló el Cruch mediante un comunicado emitido este jueves.

Además piden que se genere “un proceso de deliberación que permita una revisión más profunda de la norma en aquellos aspectos que amenazan con lesionar el aporte que ellas realizan al desarrollo nacional”.

La entidad explicó que este viernes 30 de abril vence el plazo para que la Subsecretaría de Educación Superior dé a conocer dos resoluciones exentas, en el marco de lo dispuesto en la Ley 21.091de Educación Superior para universidades adscritas a la política de gratuidad, la que determina los valores regulados de aranceles, derechos de matrícula y cobros por titulación o graduación y la que determina las vacantes máximas.

El Cruch explica que la crisis generada por la pandemia de coronavirus ha tenido efectos negativos para las personas y para el conjunto de la sociedad, provocando condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad. “Esta situación, que no es ajena a la realidad de las universidades, se agrava debido a los efectos negativos de algunas disposiciones contenidas en la Ley 21.091 que regulan el financiamiento institucional para la gratuidad y su implementación, que afectan seriamente la sustentabilidad de un modelo universitario que no solo es docente sino que mantiene en el centro de su quehacer la generación de conocimiento y la vinculación con el medio”, argumentan.

Asimismo, sostienen que durante el proceso de implementación de la ley, el Cruch, en línea con su misión de asesorar al Ministerio de Educación, “constantemente ha buscado contribuir al diseño de una política pública integral, armónica y que dé cuenta del rol que cumplen las instituciones complejas en la sociedad del conocimiento y de su heterogeneidad”.

Sin embargo, su participación no ha sido considerada, lo que implica que no se ha incorporado la deliberación académica acerca de las consecuencias para el sistema ni el impacto que tendrá en las universidades como las nuestras, que han mantenido un alto estándar de calidad”, acusan.

Según exponen, “lo anterior es especialmente relevante en la definición de aranceles regulados, dado que la metodología implementada por la Subsecretaría de Educación Superior no reconoce la heterogeneidad del sistema de educación superior chileno, donde una misma carrera es impartida por universidades con distintas estructuras de financiamiento, calidad y naturaleza de la docencia, ubicadas en contextos regionales y territoriales también diversos”. (La Tercera)

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