La mañana de este jueves se llevó a cabo la primera sesión del Consejo de Rectores correspondiente al año académico 2021. En ella se presentó un informe sobre la situación financiera consolidada de las universidades que son miembro y los resultados son decidores: el Cruch estima que en el ejercicio de 2020 tuvieron un impacto financiero negativo de $248 mil millones de pesos.
El detalle presentado dice que hubo dos grandes áreas que afectaron los ingresos: el Pregrado, con $70,3 mil millones de pesos, y la venta de servicios, con una reducción de $77 mil millones de pesos. El resto se divide en menores ingresos entre el Postgrado, la formación continua, la cooperación académica y el Artículo 108 de la Ley de Educación Superior, que tiene relación con los aranceles regulados. La suma de todos estos ítems da un total de $228.353.596.000 en menores ingresos.
Se detallan también los gastos en que incurrieron las universidades, los que se vieron fuertemente afectados por la crisis sanitaria. De hecho, lo que provocó mayor desembolso fue el ítem ‘apoyo a la pandemia’, con $48 mil millones. Más atrás está la adecuación de la docencia ($21 mil millones) y la semipresencialidad (casi $6 mil millones).
Finalmente, se consignó que debido a que las clases se realizaron mayoritariamente de forma virtual, esto acarreó un ahorro de casi $56 mil millones, lo que arroja un balance final negativo en los ingresos de $247.963.113.000, lo que, en voz de Carlos Saavedra, integrante de la Comisión Económica del Cruch y quien presentó el detalle de los números, que prácticamente “equivale a todo el apoyo fiscal directo que el ministerio de Educación hace al Cruch”.
“En la reunión fueron muchos los temas que abordamos, pero especialmente hay grandes preocupaciones sobre la información a entregar por las vacantes, y también por lo que son los aranceles regulados. Estamos viendo, como instituciones, cómo respondemos a los requerimientos que la ley nos obliga”, agregó Saavedra.
Dijo también que “junto con eso, y en vista de el ejercicio de la ley, que ya lleva tres años, pensamos que también es prudente y necesario, tener una mirada crítica respecto de la misma ley, porque vemos que hay muchos puntos que vemos que pueden perjudicar el sistema de educación superior en el país. Pensamos que debe ser un trabajo mancomunado, colaborativo, a lo mejor de todos los actores políticos y del Cruch, poder establecer un análisis de la propia ley”.
En la instancia, además, el Consejo de Rectores informó que, aunque el proceso de matrícula sigue abierto en algunos ingresos especiales, hasta aquí están un 3,9% bajo en la matrícula, respecto de 2020. “Pero hay que recordar que el año pasado ya sufrimos otra disminución”, expuso Saavedra. (La Tercera)
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