El director subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Cristián Pertuzé (RN), aseguró este domingo que «no son legítimas» las manifestaciones violentas que se han registrado durante el estallido social.
«Las manifestaciones no pacíficas, para mí, son ilegítimas, yo creo que en una sociedad democrática, con un Estado de Derecho que se puede perfeccionar, sin duda civilizada, la violencia, de cualquier forma, en cualquiera de sus formas, tiene que ser condenada«, señaló Pertuzé en una entrevista al diario El Mercurio.
Sin embargo, Pertuzé aseguró al matutino que «las manifestaciones son totalmente legítimas, pero mientras sean pacíficas. Y además, la manifestación debe ser un acto que no violente, que no vulnere, que no afecte los derechos de otras personas».
También dijo que se está viviendo en una «sociedad enferma en muchos aspectos, porque no estamos aceptando al otro».
Pertuzé rechazó las «funas» que se han producido en los últimos meses y aseguró que «es un acto de violencia y amedrentamiento a otra persona».
«Es una acción sumamente fascista», puntualizó.
Esta situación la ejemplificó con lo sufrido hace algunos meses por el diputado Gabriel Boric, quien fue increpado por un grupo de personas que lo encontró sentado en una banca de un parque, acusándolo de «vendido».
«No puede ser que porque una persona piense algo que a alguien no le gusta, se la funen», manifestó.
REACCIÓN DE FUNCIONARIOS DEL INDH
La vocera de la Asociación de Funcionarios del INDH, Jimena Aguirre, calificó como “lamentable” las declaraciones de Pertuzé, puesto que a su juicio demuestran una desconexión total del Consejo con las agresiones sufridas por manifestantes en distintas ciudades del país.
El consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Salvador Millaleo, le bajó el perfil a la polémica, respaldando la gestión que ha tenido la entidad, pese a las diferentes posturas al interior del Consejo. Labor que, no obstante, dijo podría mejorar.
Por su parte, la presidenta de la agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro y quien representa a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, cuestionaron la imparcialidad del instituto ante los casos de presuntas violaciones a los Derechos Humanos durante la crisis social.
De acuerdo a antecedentes de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, desde que inició la crisis social hasta el pasado 30 de noviembre, se reportan 5.558 personas que han denunciado violación de Derechos Humanos. (El Mercurio-Cooperativa-Bio Bio)