El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, prepara una nueva agenda penitenciaria que contempla la construcción acelerada de cárceles, una reorganización institucional de Gendarmería y medidas para enfrentar el hacinamiento y las deficientes condiciones de habitabilidad en los establecimientos penales del país.

La iniciativa surge después de una serie de visitas realizadas por el secretario de Estado a recintos penitenciarios de distintas regiones, donde ha constatado problemas de infraestructura, dificultades para separar a los internos según su peligrosidad y carencias materiales que afectan tanto a los reclusos como al personal de Gendarmería.

El 29 de mayo, diez días después de asumir el Ministerio de Seguridad, Arrau visitó el denominado barrio penitenciario de Santiago Centro, acompañado por el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez. Durante el recorrido inspeccionó establecimientos de máxima seguridad y la ex-Penitenciaría.

Posteriormente, el ministro realizó cerca de una decena de visitas a otros centros de reclusión, donde observó situaciones como internos que duermen en estructuras improvisadas en los patios y funcionarios penitenciarios que deben enfrentar dificultades para renovar sus uniformes.

Las condiciones detectadas llevaron al Ministerio de Seguridad a definir el sistema carcelario como una de sus prioridades de gestión. El asunto también fue abordado en la última sesión del Panel Consultivo de Expertos en Seguridad Pública, presidida por Arrau.

Una de las principales medidas en preparación consiste en complementar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, iniciado durante la administración anterior y que contempla la construcción y mejoramiento de cárceles hasta 2034, con un programa de ejecución más rápida.

La propuesta considera levantar establecimientos modulares mediante sistemas de construcción industrializada, destinados a reducir los plazos necesarios para habilitar nuevos espacios penitenciarios.

El Gobierno ha estudiado experiencias internacionales de este tipo, particularmente en Rosario, Argentina, y en países europeos, hasta donde viajaron delegaciones chilenas para conocer sus características técnicas y operativas.

Según fuentes vinculadas al proyecto, las nuevas instalaciones estarían orientadas principalmente a internos de menor peligrosidad. Con ello se buscaría disminuir la sobrepoblación y reservar los establecimientos con mayores medidas de seguridad para personas privadas de libertad que presentan perfiles de mayor complejidad.

Para desarrollar esta estrategia, Arrau mantiene conversaciones destinadas a trasladar al Ministerio de Seguridad parte de los equipos especializados en infraestructura penitenciaria que actualmente dependen del Ministerio de Justicia.

La reorganización incluiría el Departamento de Infraestructura y a funcionarios de la División de Presupuesto, Planificación e Infraestructura, encabezada por María Loreto González, quien participó en las visitas técnicas a Argentina y Europa.

Paralelamente, el Ministerio de Seguridad busca reforzar la difusión de información sobre el estado de las cárceles y las acciones emprendidas para enfrentar sus principales dificultades.

En ese ámbito, Arrau ha cuestionado públicamente resoluciones judiciales que han dejado sin efecto traslados de internos de alta peligrosidad dispuestos por Gendarmería. El Ejecutivo también sigue las iniciativas legislativas destinadas a modificar las atribuciones relacionadas con estas decisiones.

Otra línea de trabajo corresponde a la reforma institucional de Gendarmería, que está siendo elaborada conjuntamente por los ministerios de Seguridad y Justicia.

La futura Ley Orgánica de Gendarmería contempla establecer una nueva estructura administrativa y concretar el traslado de la institución desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Pública.

Entre las alternativas en estudio figura transformar Gendarmería en una policía penitenciaria de carácter militar, con una organización jerárquica y un alto mando semejantes a los existentes en Carabineros.

La propuesta modificaría su condición actual de servicio público dependiente de Justicia para convertirla en un organismo de orden y seguridad, con funciones especializadas en la administración y vigilancia penitenciaria.

El proyecto también busca abordar las condiciones laborales de los funcionarios, incluidas las dificultades de equipamiento y recursos que el ministro ha identificado durante sus recorridos.

Hasta ahora no se han informado los detalles definitivos de la nueva estructura ni los mecanismos específicos para mejorar las condiciones del personal.

La agenda penitenciaria se encuentra en etapa de preparación y considera medidas administrativas, proyectos de infraestructura y reformas legales cuya implementación dependerá de las definiciones que adopte el Ejecutivo y de su eventual tramitación en el Congreso. (NP-ChatGPT-La Tercera)