El mercado laboral chileno continúa mostrando señales de deterioro, luego de que la tasa de desempleo alcanzara el 9,6% durante el trimestre junio-agosto de 2026, su nivel más alto desde 2021. De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el número de desocupados llegó a 989.400 personas, mientras que en los últimos doce meses se perdieron más de 81 mil puestos de trabajo. El escenario se caracteriza, además, por una disminución del empleo formal, mayores dificultades para encontrar trabajo y un incremento de la desocupación en distintas regiones del país.

El número de personas sin empleo y que buscan trabajo aumentó 13% respecto del mismo período del año anterior. Paralelamente, la cantidad de ocupados disminuyó 0,9% en doce meses, equivalente a la pérdida de 81.352 puestos laborales, completando así dos registros consecutivos de contracción anual del empleo.

Uno de los antecedentes que genera preocupación es la disminución de 2,9% en los trabajadores asalariados formales, lo que evidencia que el deterioro no se concentra exclusivamente en las actividades informales o por cuenta propia, sino que también afecta a empleos sujetos a contratos y cotizaciones previsionales.

Las cifras reflejan una debilidad persistente del mercado laboral. La tasa de desocupación acumula cinco meses por encima del 9% y completa 44 meses consecutivos sobre el 8%, situación que da cuenta de las dificultades que ha enfrentado la economía para recuperar su capacidad de generación de empleo desde la pandemia.

A ello se suma el aumento del tiempo necesario para conseguir una nueva ocupación. Durante el trimestre mayo-julio, las personas desempleadas demoraban, en promedio, 8,1 meses en encontrar trabajo, el período más prolongado registrado desde noviembre de 2024.

El desempleo también mantiene diferencias importantes entre hombres y mujeres. Mientras la tasa masculina alcanzó el 9,1%, la femenina llegó al 10,3%, completando nueve meses consecutivos por encima de los dos dígitos. Esta brecha constituye uno de los principales problemas de inserción laboral, especialmente en un contexto de menor disponibilidad de puestos de trabajo.

A nivel territorial, seis regiones registraron tasas de desempleo superiores al 10%, frente a una sola región que se encontraba en esa situación un año antes. Los mayores niveles se concentraron principalmente en la zona centro-sur del país.

Ñuble encabezó las cifras de desocupación, con un 11,2%, seguida por O’Higgins, con 10,8%; Biobío, con 10,7%; Los Ríos y Valparaíso, ambas con 10,2%, y La Araucanía, con 10,1%. Por su parte, la Región Metropolitana registró una tasa de 9,8%, también superior al promedio nacional.

El deterioro del empleo coincide con un escenario de bajo crecimiento económico. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) correspondiente a agosto registró una caída de 1%, resultado que profundizó las preocupaciones sobre la capacidad de la economía para generar nuevas oportunidades laborales durante los próximos meses.

Entre los factores que se analizan para explicar esta situación figuran el débil dinamismo de la actividad productiva, la insuficiente recuperación posterior a la pandemia y el aumento de los costos asociados a la contratación de trabajadores.

En el debate económico también se ha examinado la incidencia de medidas como la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas, los incrementos del salario mínimo y la reforma previsional. Algunos especialistas y representantes empresariales sostienen que estas modificaciones han elevado los costos laborales y podrían estar afectando las decisiones de contratación, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, existe discusión respecto del peso específico de cada una de estas variables en el comportamiento del empleo.

A los factores coyunturales se agregan transformaciones estructurales. El Banco Central ha identificado cambios asociados a la incorporación de nuevas tecnologías y modificaciones en el funcionamiento del mercado del trabajo. En ese contexto, ha estimado que la tasa de desempleo de equilibrio habría aumentado entre uno y dos puntos porcentuales durante la última década, lo que podría explicar parte de la persistencia de niveles elevados de desocupación.

Frente a este escenario, el Gobierno del presidente José Antonio Kast anunció el programa “Chile despega con más pega”, una estrategia destinada a estimular la contratación y generar más de 100 mil puestos de trabajo.

El plan contempla movilizar recursos por aproximadamente 1,3 billones de pesos, equivalentes a unos 1.350 millones de dólares, mediante una combinación de inversión pública, incentivos a la contratación, apoyo al financiamiento empresarial y medidas focalizadas en territorios con mayores dificultades laborales.

Uno de sus principales componentes considera la entrega de hasta 100 mil subsidios para nuevas contrataciones, mediante bonificaciones temporales a las empresas que incorporen trabajadores que cumplan los requisitos establecidos.

La iniciativa también contempla acelerar proyectos de inversión pública y facilitar el acceso al financiamiento de empresas a través del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape), con el propósito de estimular la actividad económica y favorecer la creación de empleo.

El programa ha generado distintas reacciones entre economistas y representantes de gremios productivos. Aunque algunos especialistas han valorado los incentivos a la contratación, también han planteado que la creación de 100 mil puestos de trabajo sería insuficiente, por sí sola, para revertir el deterioro acumulado del mercado laboral.

Las estimaciones sobre el impacto de las medidas consideran que, bajo determinadas condiciones, el desempleo podría disminuir hasta en un punto porcentual. No obstante, su resultado dependerá de la evolución de la actividad económica, las decisiones de inversión y la capacidad de las empresas para incorporar nuevos trabajadores.

El Ministerio de Hacienda ha planteado como objetivo reducir la tasa de desempleo hasta aproximadamente un 6,5% al término de la actual administración. Para alcanzar esa meta, distintos cálculos económicos estiman que sería necesario crear entre 700 mil y 800 mil puestos de trabajo hacia 2030, considerando también la evolución de la fuerza laboral.

En el corto plazo, los próximos registros permitirán observar el comportamiento del empleo durante los meses de primavera y verano, período en que actividades como el comercio, la agricultura y el turismo suelen aumentar sus requerimientos de trabajadores.

Asimismo, las próximas mediciones del INE permitirán conocer si los incentivos anunciados por el Ejecutivo se traducen en un incremento de las contrataciones y si se revierte la disminución del empleo asalariado formal, uno de los indicadores que ha mostrado mayor debilitamiento durante los últimos meses. (NP–ChatGPT-La Tercera)