Las polémicas que se han generado en torno al Juzgado de Garantía de Ovalle son preocupantes. El pasado 21 de diciembre surgió una segunda situación en la que se dejó libre a un grupo de criminales dedicados al robo de vehículos. Recordemos que en septiembre pasado, el mismo tribunal fijó una fianza de 2 millones de pesos por cada uno de los 23 detenidos que habían sido imputados por presuntos delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos. La reiteración en las decisiones despierta suspicacias.
Con relación a lo ocurrido este mes, el Diario El Día de Coquimbo cita lo siguiente: “Y si bien, los cinco antisociales contaban en conjunto con 18 reiteraciones y un prontuario policial con delitos como robo con intimidación, lesiones graves y porte ilegal de armas, el juez de garantía de Ovalle, Luis Muñoz Caamaño no otorgó la prisión preventiva, debido a que no habría sido solicitada por la Fiscalía, ordenando así, su libertad, y quedando con la cautelar de concurrir a firmar de manera mensual, dentro de los últimos cinco días hábiles de cada mes, a partir del mes de diciembre en dependencias de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Quillota. Además se les decretó arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas de sus robos”.
Ante esta situación es justo pensar que, frente al Crimen Organizado, existe una vulnerabilidad en el Poder Judicial y hay que atacarla a tiempo.
Durante décadas, nuestro país fue considerado un bastión de estabilidad en América Latina, pero, como lo hemos analizado desde hace varios meses, estamos experimentando un cambio preocupante. La corrupción y la influencia del Crimen Organizado, fenómenos antes relegados a países vecinos, están empezando a enraizarse y han demostrado cómo las redes criminales no solo buscan controlar territorios, sino también influir en la toma de decisiones políticas y judiciales. El “Virus” se esparce y no nos estamos dando cuenta.
Seguimos sin estar preparados para combatir este problema y, si continuamos por este camino, la vacuna para controlar esta enfermedad llegará tarde. ¿Está el sistema judicial equipado para enfrentar las nuevas estrategias del crimen organizado? ¿Qué controles existen para prevenir que jueces o fiscales actúen bajo presión, corrupción o negligencia? Pareciera que no.
Lo ocurrido en Ovalle, y antes de eso en Los Vilos, nos hace preguntarnos si la percepción pública de la justicia en Chile ha sufrido un golpe significativo… Yo creo que empieza a sufrir esos embates. Cuando decisiones judiciales como estas permiten que bandas criminales regresen a las calles, la ciudadanía pierde confianza en que el Estado pueda protegerlos. Esto no sólo genera indignación, sino que también alimenta el miedo, ese que desde hace rato estamos experimentando.
El caso Ovalle no es solo un episodio de mala praxis judicial; es una advertencia sobre los riesgos que enfrenta nuestro país en su lucha contra el Crimen Organizado. Si no se toman medidas concretas y urgentes, las instituciones seguirán siendo vulnerables.
Nuestra sociedad merece un sistema judicial que sea un pilar de confianza y justicia, no un eslabón débil en la lucha contra la criminalidad. Este es el momento de actuar con decisión y valentía. Todavía estamos a tiempo de evitar que el “Virus” se nos convierta en epidemia. (Red NP)
Gonzalo Cornejo
CEO de Insight Security
