Cosena: cifras y crímenes que empujaron el cambio de postura del Gobierno

Pese a que en varias ocasiones el Gobierno del Presidente Gabriel Boric se negó a convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), este jueves dio un giro en su postura y optó por convocar la instancia para el próximo lunes, a primera hora.

De esta manera, los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema; los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el general director de Carabineros y por el contralor general de la República, se reunirán en La Moneda con el Presidente, para evaluar el despliegue militar en el marco del proyecto de infraestructura crítica que se tramita en el Parlamento.

El anuncio fue valorado en el mundo político, incluyendo entre voces de la oposición, quienes durante el año pasado ya habían exhortado al Mandatario a que convocara al Cosena, a raíz de la ola de secuestros extorsivos que se registraron, los homicidios y la crisis de seguridad generalizada en el país.

No obstante, hasta ahora, la respuesta del Gobierno había sido que la legislación -fortalecida- permitía abordar este tipo de situaciones, además de otras medidas como el reforzamiento de fuerzas policiales y de inteligencia.

Pero la crisis continuó, y pese a que en varias ocasiones el Gobierno ha señalado que los homicidios han bajado, los niveles de violencia con que se comenten los crímenes aumentaron las presiones al Ejecutivo.

Incluso, en lo que podría haber sido intento por «descongestionar» la agenda, el Mandatario anunció durante su gira por Chiloé, la reactivación de su compromiso por las caletas con perspectiva de género, lo que generó una avalancha de críticas en el mundo político quienes lo acusaron de una «desconexión» de las urgencias del país, principalmente por la crisis de seguridad.

CIFRAS QUE EMPUJARON LA DECISIÓN

De hecho, esta mañana, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, entregó un nuevo dato en esta línea.

Junto con subrayar -a Canal 13- que las autoridades «no toman decisiones eternas», precisó que «durante las primeras semanas del mes de enero, tenemos números que indican que tenemos una mayor cantidad de delitos violentos que el mismo período del año 2023 y eso requiere control y ese es el antecedente que se ha tenido a la vista para tomar decisiones».

En noviembre, la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) -aunque cuestionada por su cambio de metodología-, arrojó un registro histórico para la sensación de inseguridad en el país: un 90,6% de los encuestados dijo percibir que la delincuencia había aumentado en los últimos 12 meses.

La semana pasada, en tanto, las autoridades del Interior y Fiscalía presentaron el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile, donde se comparó el primer semestre de 2022 con el de 2023, lo que arrojó una baja del 3% en estos delitos.

Si el año pasado se registraron 3,4 asesinatos por día, el año previo, éstos eran de 3,5; baja que para el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, es «una baja bastante significativa».

Sin embargo, varias voces salieron a descartar que se pudiera hablar de una «tendencia a la baja», puesto que para ello se necesita un periodo más extenso de análisis en el tiempo.

Esa jornada, la ministra del Interior, Carolina Tohá, adelantó se evaluaría el foco del Plan Calles Sin Violencia, pero cuando se conocieran los datos consolidados del número de víctimas de asesinatos de todo el 2023 y no sólo del primer semestre.

Pero los siete crímenes contra menores de edad que se concentraron en sólo dos meses en la Región Metropolitana, llevaron a que el subsecretario Monsalve anunciara el pasado lunes, desde La Moneda, que se presentarían nuevas medidas al Presidente Gabriel Boric al retorno de sus vacaciones.

Así, este jueves, el Plan Calles Sin Violencia fue anunciado en su versión «2.0» -luego de varias peticiones desde distintos municipios-, de la mano con la carta que el Presidente Boric guardaba bajo la manga, con la convocatoria al Cosena.

CRIMENES QUE ENCENDIERON ALERTAS

Las muertes de menores de edad en estos últimos meses se convirtieron en el síntoma de un flagelo que ha golpeado de forma transversal a la ciudadanía.

El año 2023 se despidió con una seguidilla de crímenes que encendieron las alarmas. En noviembre, luego de los 35 homicidios consumados reportados, el gobernador de la RM, Claudio Orrego, ya hablaba de un «noviembre rojo».

En tanto, el penúltimo fin de semana largo del año, durante Navidad, se registraron al menos nueve homicidios en distintos puntos del país, además de un menor quien resultó baleado en San Bernardo.

El panorama no presentó cambios hacia año nuevo, que arrancó con seis homicidios en poco más de 24 horas. El pasado fin de semana ocurrieron dos hechos que causaron conmoción y agitaron aún más los ánimos en materia de seguridad.

El sábado se halló a dos personas fallecidas al interior de un camión en la llamada «Ruta de la Fruta», entre el cruce entre Malloa y Pelequén, en la Región de O’Higgins.

Con el paso de las horas, se conoció que se trataba de los agricultores Francisco Mora (53) y Raúl Cid (57), quienes fueron atacados por un grupo de delincuentes.

El hecho activó la molestia del rubro de los transportistas, quienes incluso dieron un «ultimátum» al Gobierno: esperarían 72 horas para que el Gobierno entregara una «solución real al tema delictual». De lo contrario, se podría concretar un paro.

Ese fin de semana, también se conoció el relato de dos religiosas quienes fueron tomadas como rehenes por parte de dos sujetos extranjeros, en un asalto a la Congregación Hijas de San José, ubicado en el barrio Yungay en la comuna de Santiago, la misma zona donde reside el Presidente Gabriel Boric.

«Ellos nos amenazaron que si nosotros gritábamos, nos violaban, que nos quedáramos calladas, y que les entreguemos solamente la plata», relató Eval Lehto en una carta enviada a El Mercurio.

La religiosa mencionó además que «las víctimas son el patio trasero de la política y del Gobierno», y que recalcó que «la prioridad importante es la vida, y el derecho a la vida de todos».

PRESIÓN DE LOS ALCALDES

Ayer en la tarde, apenas llegó de Chiloé, el Presidente Gabriel Boric regresó a La Moneda. Ahí, pasadas las 18.00, encabezó una reunión de carácter urgente en la que también participaron la ministra del Interior, Carolina Tohá; el ministro subrogante de Defensa, Ricardo Montero; los subsecretarios Manuel Monsalve (Interior) y Eduardo Vergara (Prevención del Delito), y la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez.

En el encuentro -que estuvo coordinado con la Secretaría de Comunicaciones (Secom)- prepararon una serie de anuncios que entregaría Boric a primera hora de este jueves, entre los que estaban la creación de un gabinete para la seguridad y el fortalecimiento del Plan Calles sin Violencia en la Región Metropolitana, con 50 puntos de control móvil en las comunas con mayor tasa de homicidios.

Sin embargo, hubo otra medida más inesperada y que significó un nuevo giro del Jefe de Estado: convocar para el próximo lunes 5 de febrero al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), instancia en la que participan las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y los presidentes de ambas cámaras del Congreso.

El Ejecutivo solo hace tres semanas se había opuesto a esta medida, lo que marcó un claro contraste del endurecimiento del tono en materia de seguridad. Esto, en medio de semanas complejas en materia de delincuencia. Sin ir más lejos, el foco se ha puesto en el barrio de Santiago en donde vive el Presidente Boric.

Allí ocurrió un violento asalto al interior del convento de la Congregación Hijas de San José Protectoras de la Infancia. Pero no todo pasó en la Región Metropolitana, en O’Higgins fueron asesinados dos agricultores, lo que obligó a que el subsecretario Monsalve sostuviera encuentros de emergencia con los representantes de dicho gremio.

“El próximo lunes, y así se lo comuniqué a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro (Álvaro) Elizalde, a la contralora y a los presidentes de las Cámaras del Congreso, he decidido convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el Cosena, para el próximo lunes, a primera hora, para poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementación del proyecto de infraestructura crítica, que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional, y que nos permitirá contar con dotación militar donde haya que reforzar la acción de las policías”, dijo el Mandatario.

El nuevo vuelco de Boric no pasó desapercibido entre las filas oficialistas, ya que él mismo había sido un férreo opositor a utilizar esa herramienta. “En vez de convocar al Cosena, el Presidente Piñera debiera convocar al plebiscito”, escribió Boric en 2019, en su cuenta de Twitter cuando el expresidente de derecha convocó al Cosena durante el estallido social.

Pero no solo ese año hubo reparos a la medida. Recién el 2 de enero pasado, la titular de la Segegob, Camila Vallejo, manifestó: “El Cosena no da resultado más que elaborar una opinión, un diagnóstico. Nosotros necesitamos acuerdos, acciones o decisiones, que impliquen resultados, no píldoras o alicientes”.

Pero esta vez en La Moneda dicen que la posición del Mandatario nunca fue tan dura como la que expresó la vocera y que, en las reuniones del comité político, siempre estuvo abierto a la posibilidad de convocar a la instancia. Más aun luego de los diálogos que sostuvieron durante enero distintos alcaldes y autoridades locales oficialistas -y también de oposición-, quienes presionaron por la presencia de Fuerzas Armadas y la posibilidad de convocar al consejo.

Uno de ellos fue el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz (cercano al Frente Amplio), quien le solicitó formalmente la medida a la delegada Martínez y al subsecretario Monsalve.

En el gobierno dicen que Boric ha estado en conversaciones con presidentes de partidos del oficialismo y autoridades locales, sobre todo aquellas en comunas más críticas, y que a partir de esas reflexiones se convenció de la medida junto a la ministra Tohá, quien también estuvo al tanto de todo el proceso.

Pero, además, el plan de la Secretaría de Comunicaciones -en conjunto con el equipo del Presidente- era presentar una batería de medidas concretas para poder responder a las urgencias, como prometió el Jefe de Estado.

Entre las soluciones estaban el Cosena, la intervención territorial y también insistir en el proyecto de ley de infraestructura crítica -para la presencia de Fuerzas Armadas en el resguardo de zonas complejas como el terminal de buses-. Esta última iniciativa, de hecho, ha sido solicitada por el gobernador Claudio Orrego, entre otras autoridades.

Por ello, durante la tarde de este jueves el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, hará un llamado a la Comisión de Defensa del Senado -donde se encuentra el proyecto de infraestructura crítica- para que los asesores técnicos lleguen a un acuerdo y pueda avanzar.

Es más, el presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes (DC), dijo estar disponible para sesionar en febrero y pausar las vacaciones de los parlamentarios.

De todas formas, en el oficialismo también hubo críticos al anuncio del Cosena. “Las Fuerzas Armadas no son deliberantes y utilizar espacios creados bajo el amparo de una constitución dictatorial no legitima su convocatoria”, cuestionó el diputado Matías Ramírez (PC).

Junto al legislador, también se sumaron otros comunistas a los cuestionamientos. De esta forma, una vez más el partido encabezado por Lautaro Carmona tiene reparos con la agenda de seguridad del Ejecutivo.

Mientras que Consuelo Contreras, directora del INDH, también planteó sus críticas. “Vamos a mirar con atención cómo se va a resolver y qué es lo que se va a plantear en el Cosena, cuáles van a ser las medidas que se van a tomar, porque siempre nos preocupa que por mayor seguridad haya restricción de derechos y de libertades”, aseguró.

El anuncio de La Moneda no ocurre en cualquier momento, sino que justo en un año electoral, donde los partidos se están jugando la reelección de sus alcaldes y gobernadores. En esa disputa en el oficialismo hay conciencia de que la agenda de seguridad será una vara de medición de la ciudadanía.

“Es una buena noticia que el Presidente de la República haya convocado al Consejo de Seguridad Nacional. Estas decisiones tienen que tomarse lo antes posible. No esperar la presión comunicacional o política, porque tener reunidas las máximas autoridades en materia de seguridad nos va a permitir no solamente tener un diagnóstico claro, sino que tomar medidas contundentes y coordinadas frente a esta ola de criminalidad que está azotando al país”, dijo el diputado Andrés Longton (RN), integrante de la Comisión de Seguridad.

“Convocar al Cosena, bien. Hacerlo en pleno verano y no poner las urgencias legislativas, mal. Necesitamos medidas urgentes, que las intenciones se transformen en acciones. La Región Metropolitana necesita urgentemente #EstadoDeExcepción. Aunque sea acotado”, escribió la senadora María José Gatica (RN) en sus redes sociales.

Mientras que el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI) -quien participará del Cosena-, valoró la iniciativa del Presidente. (Emol-Ls Tercera)